El secretario municipal del Concello de Dozón, Antonio Candal, tendrá que volver a declarar -o acogerse, de nuevo, a su derecho a no hacerlo, como la primera vez- para responder ante la jueza, en calidad de investigado (anteriormente la figura era la de imputado), por un presunto delito de fraude, en el que también se investiga al regidor, Adolfo Campos.
Lejos de archivarse la causa contra el alcalde -que se dio de baja del PP a raíz de su también imputación en la Operación Katedra por la supuesta organización en sus empresas de cursos fantasma por los que habría recibido subvenciones-, las diligencias previas por el caso de la presunta comisión de un fraude en el cobro de las ayudas del extinto Plan E continúan su curso. Se siguen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lalín, en el que está citado a declarar el secretario de Dozón el próximo lunes, 27 de marzo, a las 10 horas.
El Estado le acusa de dar el visto bueno al cobro de dos ayudas del Plan E para las mismas obras. Los hechos datan del año 2010
Supuestamente Candal dio el visto bueno al cobro por partida doble de subvenciones que superarían los 200.000 euros para las mismas obras incluidas en dicho plan, que había puesto en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como los trabajos fueron adjudicados en la Xunta de Goberno local, también figuran como encausados los miembros que formaban parte de la misma. Estos habrían autorizado el cobro de dichas cantidades -cifra que el alcalde redujo a unos 50.000 euros- por la construcción de las aceras de Castro Dozón y por el acondicionamiento de una plaza en O Sisto. Fue la Administración del Estado la que abrió el melón de este posible cobro fraudulento, si bien la oposición municipal, que en Dozón solo ejerce el BNG, ya había denunciado en su día que el Concello había cobrado dos veces por la ejecución de las mismas obras, que datan del año 2010, motivo por el que, según había explicado la abogada de Campos, «si hubo errores, están prescritos».
La única vez que fueron llamados a declarar tanto Campos como Candal fue en el mes de julio del año pasado. Tanto uno como otro se acogieron a su derecho a guardar silencio y el regidor mantuvo ante la prensa que no había hecho delictivo alguno.
