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El Senado rechaza cinco vetos al macrodecreto económico

La Comisión de Economía y Competitividad del Senado ha rechazado hoy los cinco vetos presentados al macrodecreto económico del Gobierno, que está siendo tramitado como proyecto de ley, y que de momento sigue como salió del Congreso, puesto que tampoco se ha admitido ninguna enmienda.

La norma se debatirá previsiblemente el próximo miércoles en el pleno de la cámara alta y hasta entonces todavía cabe la posibilidad de que se produzca alguna modificación.

Los portavoces que han intervenido para pedir la devolución del proyecto de ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia se han quejado de que la norma es un conjunto inconexo que agrupa medidas que afectan a varias decenas de leyes.

La ley contiene decenas de actuaciones propuestas por diferentes ministerios que avanzan en la liberalización del comercio, limitan las comisiones por los pagos con tarjeta, bonifican la contratación de jóvenes, reforman el sistema gasista, mejoran la competitividad de aeropuertos y puertos, y bajan las retenciones fiscales a los autónomos con menores rendimientos, entre otras cosas.

De los cinco vetos presentados, unos es del grupo socialista, dos de Entesa (PSC e ICV) y otros dos del grupo mixto (IU y ERC).

El senador de IU y portavoz del grupo mixto, José Mariscal, ha señalado que el Gobierno muestra un "enorme cinismo" con este proyecto que supone un "atentado a la división de poderes y a la democracia", llevado a cabo por "el bonapartismo" del Gobierno.

Para el portavoz del grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, José Montilla, la norma es "un compendio de materias muy heterogéneas" que muestra "el uso y abuso" que hace el Gobierno del decreto ley, ya que ha tramitado ya 56 en lo que va de Legislatura, representando el 40 % de toda la actividad legislativa.

El senador socialista Jesús Alique ha considerado que este decreto ley es "ilegal" y ha recordado que por ello presentaron un recurso de inconstitucionalidad, además de señalar que es una agresión del Gobierno, ya que modifica casi 30 leyes con sus 177 artículos y afecta a los ministerios de Presidencia, Justicia, Defensa, Hacienda, Fomento, Educación, Empleo, Industria y Economía.

La portavoz del grupo parlamentario vasco, María Eugenia Iparragirre, también se ha quejado de que la norma supone una manera de legislar "sin debate y con poco respeto al mismo, así como al trabajo de los parlamentarios".

En el mismo sentido, el portavoz de grupo parlamentario de CiU, Ramón Alturo, ha rechazado la ley porque "recentraliza competencias" y es poco transparente, además de constituir "un abuso" por parte del Ejecutivo.

Por el contrario, el portavoz del grupo popular, José Enrique Fernández de Moya, ha defendido que en cuarenta años de democracia, la figura del decreto ley ha sido utilizada 560 veces por todos los gobiernos.

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