La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, afirmó hoy que está «comprometida» para «solucionar el problema de los vecinos» de los núcleos del litoral gallegos, entre los que están los de Marín, pero no concretó plazos ni las posibles medidas a adoptar. Espinosa respondió así a una pregunta parlamentaria de la diputada del BNG Olaia Fernández Davila, sobre qué soluciones ha previsto el Gobierno para núcleos urbanos histórico-singulares situados a lo largo de la costa de Galicia a menos de cien metros desde el límite del litoral, a la hora de tomar la decisión de recurrir la Disposición Segunda de la Lei de Vivenda gallega. Davila se refirió en concreto a poblaciones como Loira, Aguete, Teoira, Casás o Mogor, aunque también existen otros asentamientos afectados total o parcialmente por el deslinde marítimo-terrestre de Costas. Recordó que se trata de enclaves tradicionales, ligados a actividades pesqueras, alejadas de prácticas urbanísticas especulativas. Así, Davila explicó que Loira, Teoira, Casás y Aguete tienen su origen en la industria de la salazón asentada en Marín en el siglo XII, mientras que Mogor fue construido por la Administración en 1963, por lo que se trata de núcleos anteriores a las normas subsidiarias de planeamiento de Marín aprobadas en 1978 y a la Ley de Costas de 1988. Propiedad privada Asimismo, explicó que la interposición del recurso se acordó por entender que se podrían vulnerar competencias estatales al estar determinando cuando y cómo se aplica la Ley de Costas en relación a la servidumbre de protección en los núcleos a los que hace referencia. «La Ley de Costas, en lo referente a la regulación de la zona de servidumbre de protección, aplicable a los espacios colindantes con el dominio público marítimo-terrestre y con independencia de si en estos terrenos o núcleos la servidumbre es de 100 o 20 metros en función de la clasificación de suelo urbano o no a la entrada en vigor de la norma, no impide su mantenimiento, pervivencia y conservación, ni altera la situación existente a la entrada en vigor. Por el contrario, conserva estos núcleos», indicó la ministra. A su juicio, sí es cierto que existe una «determinada inseguridad» en cuanto a lo que puedan ser ampliaciones de las edificaciones existentes y, en este sentido, señaló que el Gobierno está «tratándolo con cada uno de los ayuntamientos afectados y en concreto con el de Marín».
