Pena testificará en el juicio por prevaricación de la excaldesa silledense Rey

La exalcaldesa socialista de Silleda está citada como testigo en la vista del próximo día 2 junto a la interventora, dos policías locales y un particular, a petición de otros dos técnicos acusados
Rey, en primer término, y Fernández, en el grupo de la oposición, señalando, en un Pleno en 2010.
photo_camera Rey, en primer término, y Fernández, en el grupo de la oposición, señalando, en un Pleno en 2010.

El juicio previsto para el próximo día 2 de mayo en el Juzgado de lo Penal Número 4 de Pontevedra contra la exalcaldesa de Silleda Ofelia Rey Recimil por presunta prevaricación contará con la declaración de cinco testigos, entre ellos, Paula Fernández Pena, a quien Rey arrebató la Alcaldía tras una moción de censura en 2009 y quien volvió a recuperar el bastón de mando de Trasdeza en las siguientes elecciones municipales. Fue Pena la que, en 2012, de nuevo alcaldesa, puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos por los que ahora Rey será juzgada y que fueron cometidos dos meses antes de los comicios locales de 2011. 

El Ministerio Público pide para la denunciada una pena de ocho años de inhabilitación para cualquier cargo público por presunta prevaricación en el pago de facturas a empresas vinculadas a concejales y familiares. En concreto, alude a una de 3.306,91 euros abonada a una firma vinculada al entonces concejal Gerardo Lázara. Lo hizo, según recoge el escrito fiscal, "a sabendas de que non podía contratar co mesmo por ter o cargo de concelleiro electo do Concello de Silleda, e a pesares da disconformidade con dito pagamento de Intervención Municipal, en base o previsto na Lei de Contratos do Sector Público 30/2007 do 30 de outubro". Precisamente, la entonces interventora es otra de las personas citadas a declarar en calidad de testigo en la vista del próximo lunes, así como dos agentes de la Policía Local y un particular. 

Quienes solicitan la presencia de los cinco testigos son las defensas del entonces arquitecto técnico municipal, J.A.P.F., y de J.L.R.G., arquitecto asesor contratado por el Gobierno de Rey. La Fiscalía pide para ambos una pena de suspensión de empleo y sueldo durante un año como presuntos autores de un delito de falsedad documental. Supuestamente, certificaron el remate de unas obras del Tren de Alta Velocidad cuando no era así. Su certificación posibilitó la devolución de dos avales por parte del Concello a las constructoras, uno de 226.500 euros y otro de 75.000 euros. 

Ninguno de los tres presuntos infractores que se someterán a juicio concuerdan con las acusaciones y las penas propuestas por la Fiscalía. Niegan los hechos que se les imputan y, por tanto, su responsabilidad en los mismos, argumentos que defenderán ante la autoridad judicial.

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