Ferroatlántica recurrirá la resolución denegatoria de la Xunta a su petición de segregación de las actividades que desarrolla en la Costa da Morte, (A Coruña) con la que pretendía la venta de las centrales hidroeléctricas.
Además, a través de un comunicado de prensa, la empresa anuncia consecuencias para los trabajadores y también para las comarcas "al tener que revisar sus actuaciones de mecenazgo de las que se benefician numerosos clubes y sociedades del entorno de sus plantas, a las que se dedican anualmente 400.000 euros".
El rechazo de la Xunta, según avisa, "impide la realización del plan de futuro", con el que Ferroatlántica anunciaba que iba a invertir en Galicia 100 millones de euros "para mejorar sus capacidades y promover una nueva fábrica de silicio solar".
Además de "las mejoras frustradas", la compañía señala que el rechazo de la Xunta "deriva asimismo en la precarización de los 533 empleos actuales en las centrales hidroeléctricas y en las fábricas de Cee, Dumbría y Sabón, dado que las plantillas no tendrán ninguna garantía de estabilidad, frente a la que Ferroatlántica ofrecía en el plan de futuro".
"La decisión de la Xunta perjudica gravemente los intereses de Galicia al despreciar la creación de 200 empleos directos y 300 indirectos en Sabón (entorno de A Coruña), Cee y Dumbría", critica.
ABORTADO EL PROYECTO DE SABÓN. La negativa también "aborta" la implantación en Galicia de un proyecto "de gran futuro", según subraya, en alusión a la fabricación de silicio solar, que, según avanza, "ahora tendrá que replantearse en cuanto a tamaño y alcance y deberá buscar nueva localización allá donde las condiciones económicas, industriales y sociales sean más favorables".
"Por ello carece de sentido mantener en Sabón las actividades de Silicio Ferrosolar, que serán paralizadas de inmediato, una vez que se tramiten las medidas laborales correspondientes", adelanta.
"DISPOSICIÓN ILEGAL". Su objetivo, según destaca en la nota, sigue siendo tratar de "revocar la cláusula" que impide la segregación de sus activos hidráulicos en los ríos Xallas y Grande.
La empresa se muestra "convencida" de que dicha cláusula constituye "una disposición ilegal", además de "no atenerse, por anacrónica, a la realidad industrial de la compañía", y de tratarse a su juicio de "un ejemplo de discriminación en el libre ejercicio de la actividad económica".
Recuerda que dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago, José Luis Carro Fernández-Valmayor y Luis Míguez Macho, concluyeron que la Administración gallega "carecía de base jurídica para negarse a la petición de la compañía", de manera que, al hacerlo, "incurriría en una arbitrariedad".
