Agilizar el funcionamiento de la Administración judicial, facilitar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y fomentar el ahorro costes derivados del depósito y la depreciación de los bienes incautados en las operaciones contra el tráfico de drogas son los argumentos por los que será puesto en marcha un servicio de gestión de depósitos judiciales del que se encargará la Fundación Galega Contra o Narcotráfico.
El acuerdo para poner en marcha esta iniciativa fue firmado este martes por el presidente de la entidad, Manuel Couceiro, y el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en un acto celebrado en Vilagarcía al que acudió un nutrido grupo de autoridades y representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
El incremento de los ingresos de la Administración, consecuencia del recorte del tiempo empleado en los procesos, es otro de los objetivos que persigue la iniciativa, que también pretende facilitar que colectivos sociales y grupos que trabajan en la rehabilitación de toxicómanos puedan usar bienes embargados a los nartotráficantes en sus actividades.
La actividad será coordinada por el Colexio de Procuradores de A Coruña, no tiene fecha de inicio y será divulgada por la Fundación en unas jornadas. Para salvaguardar los derechos de las personas embargadas, sus bienes serán tasados con la finalidad de que pueda serle restituido su valor si la sentencia fuese favorable.
Manuel Couceiro subrayó que se trata de un servicio novedoso y vaticinó que posiblemente sea puesto en marcha en otras comunidades. Alfonso Rueda dijo que la Xunta cumple con su deber ayudando a quienes realizan una labor desinteresada.
