El expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha mostrado su convencimiento de que la Administración regional actuó, en el caso de los fondos de formación, de acuerdo con la legalidad, y ha afirmado que "las deficiencias que han podido producirse no han sido de la Administración, sino contra ella".
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria sobre las subvenciones de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002, Griñán ha sostenido que en esta cuestión la Administración "ha actuado de acuerdo con la legalidad y mediante procesos reglados y garantistas".
El expresidente andaluz, que ocupó este cargo entre 2009 y 2013, ha resaltado que el Interventor General de la Junta definió el procedimiento relacionado con las exceptuaciones como "garantista" y ha subrayado que "no existe en ninguna otra comunidad salvo en Andalucía".
"Era legal y no eximía de obligación de cumplimiento", ha defendido Griñán, quien ha añadido que "el fraude sería contra la Administración, y la Administración en todo caso debería perseguirlo, como lo hace con un defraudador en cualquier otro ámbito".
Ha señalado que es cierto que en la Junta "existía un problema de escasez de recursos humanos", del que ha dicho que no era "gratuito" ya que el Gobierno andaluz "estaba obligado a ello" en virtud de la ley de presupuestos, que "desde 2010 cierra la apertura a cualquier aumento de la plantilla" de las administraciones públicas.
El expresidente ha explicado que el traslado de las competencias de formación profesional para el empleo a la Consejería de Educación se produjo porque, además de que figuraba en el programa electoral del PSOE para 2012, existían "reiteradas peticiones de las comunidades educativas para que toda la información se implicara en un mismo cometido sin deslindarla en dos ámbitos".
Ha señalado que ese traspaso "tenía dificultades pero no más que otros" que se habían realizado y ha recordado que necesitó de un proyecto de ley que se elaboró "siempre bajo el principio de continuidad", por lo que el Servicio Andaluz de Empleo "continuó con la gestión" durante el traslado.
"Es un proceso difícil y complicado porque hay que hacer muchas listas pero se hace, y existe una fase de transición para que no haya ningún problema", ha detallado Griñán, quien ha añadido que las competencias volvieron a Empleo a raíz de la ley del Gobierno central que regula la FPE en el marco laboral en 2015.
Por este motivo ha considerado que la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, podría haber comparecido ante la comisión "para enriquecer sus trabajos" y haber acudido "solo a explicar las modificaciones de los marcos legales y cómo se pretendían cambiar los defectos que se habían advertido".
"Qué habría costado a la ministra comparecer para explicar el por qué de esa norma", se ha preguntado Griñán, quien considera que su testimonio "habría sido muy oportuno y muy útil" y que Báñez "habría podido lucirse" ya que esa norma "no estaba hecha a humo de pajas y es una buena ley".
El expresidente ha señalado, a preguntas del PP, que nunca habló de formación con el exconsejero Ángel Ojeda -cuyas empresas recibieron presuntamente 33 millones en ayudas- y ha defendido al que fuera número dos del PSOE andaluz, Rafael Velasco, asegurando que dimitió "por motivos personales".
Griñán ha preguntado al PP si "que haya una investigación judicial significa que hay fraude o que puede haberlo" y ha espetado a su portavoz: "Si quiere convertir lo prejudicial en condena estamos en algo contrario al estado de derecho, y si trae una actuación penal del juzgado a la comisión transforma la comisión en algo para lo que no está creada".
El ex jefe del Gobierno andaluz, que ha negado haber dado nunca órdenes para saltarse la normativa vigente o dar trato de favor a alguien, ha calificado como "imposible" la existencia de un sistema diseñado para cometer un fraude con las ayudas de formación.
"La Junta de Andalucía tiene 260.000 empleados públicos, 33 secciones presupuestarias, 130 entes públicos y un gasto medio de 30.000 millones anuales. ¿Con estos datos es posible una concertación de intereses que llegara a todos los funcionarios, desde Almería hasta Cádiz? No es rocambolesco, es imposible", ha enfatizado.
