PONTECESURES. Victoria Santiago Lagares y los seis miembros de su familia con los que convive en una vivienda de Monte do Porto, en Pontecesures, respiran un poco más tranquilos desde que en la mañana de ayer el Juzgado de Paz de la villa les comunicó el aplazamiento del desahucio de su casa, previsto para mañana mismo. De hecho, incluso la Guardia Civil estaba avisada para hacer cumplir la orden en caso de que se negaran a abandonar la vivienda.
No obstante, la familia, en la que hay dos niños de nueve y doce años, deberá entregar las llaves del inmueble el próximo 7 de marzo si la plataforma Stop Desahucios Barbanza y su abogado, Ignacio Delgado, no logran paralizar el proceso, que ya ha sido elevado al Valedor do Pobo, a la Fiscalía de Menores y, en cuestión de días, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Victoria comparte la casa con su actual pareja, sus dos hijos, una nuera y los pequeños, escolarizados en Pontecesures y Padrón.
El desalojo fue ordenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas como consecuencia de un juicio de faltas y nada tiene que ver con impagos o hipotecas, sino con la titularidad de la vivienda, que no está clara.
«Se non é o xoves xa respiramos un pouco, pero o 7 de marzo está á volta da esquina. Esperemos que fagan algo mentres», manifestó ayer Victoria Santiago tras recoger la providencia en el Juzgado de Paz. «Estamos un pouco máis tranquilos ao non ser xa mesmo, a ver se nestas semanas se pode facer algo para evitalo».
La familia no tiene queja de la actitud del Concello de Pontecesures, «que nos apoiou incondicionalmente», y de la de algunos vecinos, que incluso les ofrecieron habitaciones por si finalmente se quedaban en la calle. «A ver se isto se arranxa, senón a ver a onde imos».
El portavoz de Stop Desahucios Barbanza, José Manuel Pena, mostró ayer su confianza en que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante el que presentarán una demanda esta misma semana para la adopción de medidas cautelares de paralización definitiva del desalojo, tumbe «unha sentenza inxusta». «Un procedemento penal non pode acabar como un civil con desafiuzamento encuberto dunha vivenda habitual. «Acudiron a nós hai unha semana e vimos que era algo inxusto.
Asimismo, señaló que tanto el Valedor do Pobo como la Fiscalía de Menores -a la que requirieron su implicación para que vele por los derechos de los dos niños- están estudiando el caso y espera que insten a la jueza a dejar la sentencia sin efecto.
Rocambolesca historia
La situación a la que se ha visto abocada esta familia tiene sus orígenes hace 30 años, cuando Victoria y su entonces marido construyeron la vivienda en Monte do Porto. En 2007 se divorciaron y la mujer se mudó a Boiro (A Coruña), donde vivió de alquiler con una de sus hijas, por aquel entonces menor de edad, mientras que su exmarido continuaba en el domicilio familiar.
En 2012 el hombre falleció y Victoria y sus hijos decidieron volver a la casa de Pontecesures al entender que la mitad le pertenece. La tranquilidad fue efímera, ya que al poco tiempo descubrieron que el difunto había nombrado usufructuaria de la vivienda a su nueva pareja. En realidad el inmueble nunca llegó a inscribirse en el Registro de la Propiedad y no consta en la sentencia de divorcio. «Está en tierra de nadie», señaló el abogado Ignacio Delgado, que asumió el caso tras contactar con él la plataforma Stop Desahucios de A Barbanza.
Las discrepancias entre Victoria y sus hijos y la pareja de su exmarido desembocaron en la interposición por parte de esta última de una querella por amenazas y coacciones, acusándolos, entre otras cosas, de colocar cadenas para impedir su entrada en la vivienda. El Juzgado de Paz de Pontecesures los absolvió pero el Juzgado de Primera Instancia de Caldas revocó el fallo y condenó a la familia de Victoria Santiago a una multa y a desalojar el inmueble de forma inminente.
Además de quedarse sin casa, los afectados dudan de poder encontrar un piso para una familia tan numerosa, sin olvidar que también tienen gallinas y perros «e non imos tirar con eles».
El Juzgado ordenó el desalojo tras una sentencia por calumnias e injurias. La titularidad de la vivienda tampoco está clara
