Intentan hacer que el Albatros vuele a Madrid

Marcos Vigo pide al Supremo que otorgue a la Audiencia Nacional la competencia para juzgar el mayor operativo antidroga de la década en detrimento de la Audiencia Provincial de Pontevedra

El juicio por el mayor alijo de cocaína interceptado en altamar con destino a Europa en la presente década se retrasará algunos meses más de lo previsto. El proceso iniciado con la aprehensión de más de 3.000 kilos de cocaína en aguas internacionales atribuidos al vilanovés José Luis Viñas Morgade, ‘Manzanita’, al portonovés Antonio Carballa Magdalena y al vilagarciano Juan Marcos Vigo Fernández (presuntos cabecillas) parecía estar cerca del final, pero las argucias de uno de los letrados no lo harán posible por el momento. Vigo, que ha sido juzgado esta semana junto a su hermana en la Sala Cuarta de la Audiencia acusado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, ha solicitado por medio de su representante legal que las actuaciones pasen a manos de la Audiencia Nacional y que sea esta la que asuma la celebración de un juicio cuya fase de Instrucción fue acometida íntegramente en Pontevedra con la coordinación del fiscal especial de la provincia, Luis Uriarte.

El hecho de que los encausados en el marco de la operación Albatros intenten que la causa continúe en Madrid tiene varias lecturas. La primera, que se trate de la típica maniobra dilatoria que ejercen los letrados en aras de dificultar al máximo la labor de la acusación a la hora de defender sus argumentos y de mantener las medidas preventivas de privación de libertad que hasta el momento afectan a los principales acusados. La segunda, tal vez más importante, procede del minucioso análisis de las sentencias por delitos contra la salud pública procedentes de la Audiencia Provincial de Pontevedra y de los dictámenes redactados en la Audiencia Nacional. El resultado indica claramente que los narcos que son juzgados en Pontevedra por jueces que dominan a la perfección la idiosincrasia del lucrativo negocio en las Rías Baixas y en presencia del citado Uriarte suelen ser condenados en términos muy parecidos a los que solicita la Fiscalía. Muy distinto es lo que sucede en la capital de España, donde una supuesta falta de pruebas sale a la palestra de forma habitual como elemento clave para declarar no culpables a muchos de los investigados.

LA MAYOR OPERACIÓN. El juicio, cuya celebración podría haber sido ya un hecho (se pensó en la posibilidad de que la Audiencia de Pontevedra lo sacase adelante en el presente mes de junio), procede de la mayor operación contra el narcotráfico de los últimos años. El fiscal Antidroga, Luis Uriarte, comenzó su trabajo codo con codo con los especialistas del Greco Galicia en los primeros meses de 2013.

Los narcos que son juzgados en Pontevedra en presencia del Luis Uriarte suelen ser condenados en los términos que pide el fiscal

"Los procesados Vigo, Carballa y Morgade negociaron con una organización sudamericana la compra de una importante cantidad de cocaína, que finalmente resultaron ser unos 3.000. kilos, que habría de ser transportada hasta un punto acordado en el Atlántico y, desde allí, después de ser trasvasada a otra embarcación controlada por la organización española, introducirla en nuestro país a través de las costas gallegas".


A principios del mes de mayo entró en escena R.C.C., natural de la ciudad de Pontevedra. Era, según Uriarte, la persona que actuaba de enlace entre los citados anteriormente y la organización sudamericana. Su papel fue recoger a J.G.H.R., que "viajó a España para controlar el desarrollo de la operación". El pontevedrés le buscó una residencia en Santiago. El venezolano fue arrestado en el aeropuerto cuando supo que la Policía había abortado el narcotransporte y pretendía huir del país.

Para recoger la droga en altamar, Vigo, Carballa y Morgade contaban con J.M.R.C. y J.I.C., que pretendían utilizar el velero Pixapo. Unos y otros tenían un enlace "con la finalidad de evitar el control policial y judicial de sus actividades ilícitas", explica el fiscal. Esta persona era Francisco Javier Suárez Suárez, otro viejo conocido del narcotráfico en la provincia.

Siguiendo las instrucciones de J.M.R.C. y J.I.C., los también procesados J.D.C.F., R.C.O. e I.M.L. zarparon el 14 de mayo de 2013 a bordo del Pixapo rumbo a un punto en el Atlántico "con la finalidad de recibir el cargamento de cocaína". Al día siguiente, el Pixapo sufrió una avería y entró en el puerto de Aveiro, por lo que la organización comenzó una "frenética actividad para encontrar un barco que pudiera recoger la droga en altamar", añade el fiscal.

En esas gestiones participaron los también acusados N.B.C. y L.M.I.V., "teniendo plena conciencia de la finalidad delictiva de lo que estaban haciendo".

La investigación policial subsiguiente no llegó a determinar la identidad de las personas que controlaban este nuevo buque, pero sí supo con certeza la posición en altamar del buque nodriza, de nombre Riptide, enviado por la organización sudamericana. Ello hizo que las autoridades organizasen un dispositivo para el abordaje, detención de la tripulación y aprehensión de la droga.

"Sobre las 2.45 horas del 19 de mayo de 2013, el buque de operaciones Petrel procedió a interceptar el buque Riptide, sin pabellón y de dueño desconocido, a bordo del cual fueron hallados 113 fardos que contenían 2.954,204 kilos de cocaína con una pureza del 71 por ciento, siendo esta la cocaína que la organización había adquirido y pretendía introducir en España".

S.S.K., capitán del buque y de nacionalidad coreana, y S.S., S.W., I.B. y Y.S., todos ellos indonesios, "formaban la tripulación, siendo conocedores del contenido de la carga que transportaban y del grave daño a la salud pública que generaba su actuación".

El fiscal Antidroga pide 312 años de cárcel y 28.000 millones de euros en multas para los 18 procesados en el marco de la operación. Los tres presuntos cabecillas de la organización gallega se enfrentan a posibles penas de 21 años y tres meses de prisión. La patata caliente se halla ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir si la competencia para juzgar los hechos corresponde a la Audiencia Nacional, como pide el letrado de Marcos Vigo, o a Pontevedra.

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