La querella criminal, que IU presentará ante el decanato de la Audiencia Nacional como acusación popular, según ha explicado Lara en rueda de prensa, se dirigirá también contra ocho directivos de constructoras que presuntamente donaron diversas cantidades al PP y contra el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, imputado en el caso Gürtel, a quienes acusa de hasta once delitos.
IU pide que se investigue a los directivos de las empresas que, según los papeles de Bárcenas publicados, hicieron pagos al PP entre 2003 y 2008, y a los responsables del partido que presuntamente pudieron recibir cobros ilegales, algunos de los cuales eran ministros cuando se produjeron dichos pagos.
Los hechos que recoge la querella pudieron ser constitutivos, según IU, de los delitos de falsedad y apropiación ilícita de fondos electorales, alteración del precio en concursos y subastas publicas, blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública, fraude, encubrimiento y asociación ilícita.
Lara ha explicado que la cantidad cuantificada de esos supuestos pagos ronda los seis millones de euros en los cobros de empresas, y también en los pagos reflejados en los apuntes contables de los supuestos papeles de Bárcenas.
El coordinador federal de IU ha recordado que Rato, Acebes y Trillo -exvicesecretario, ex secretario general y exresponsable jurídico del PP, respectivamente-, eran ministros cuando se produjeron algunos de esos presuntos pagos y, por tanto, existía la incompatibilidad de recibir recursos que no fueran los propios de su labor en el ministerio.
Según IU, también pudo haberse producido competencia desleal entre empresas en la adjudicación de obras, ya que "si ha habido empresas que han conseguido adjudicaciones en función de que han hecho pagos al PP han competido deslealmente con otras honestas que no han hecho nunca pagos para tener adjudicaciones", ha explicado Lara.
Por ello, además de a los políticos corruptos que puedan tener responsabilidades, IU cree que hay que señalar también a las "empresas corruptoras", a cuyo servicio pueden haberse puesto los intereses del Estado. Así, pide que se investigue también a José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que habría pagado alrededor de 1.200.000 euros; Manuel Contreras Caro de Azvi, que donó, según lo publicado, 858.000 euros; Juan Manuel Villarmir (OHL), que habría donado más de medio millón de euros, al igual que Luis del Rivero Asensio, de Sacyr Vallehermoso.
La querella también apunta a Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), que afirma pudo pagar al PP entre 250.000 y 300.000 euros, la misma cantidad que Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa); José Mayor Oreja (FCC), a cuyo nombre figuran entregas de al menos 170.000 euros en los papeles publicados y Antonio Vilella (grupo Rubau), que supuestamente pagó 100.000 euros.
Cayo Lara ha considerado que además puede haberse producido una "competencia ilícita electoral" por parte del PP con respecto al resto de fuerzas políticas en distintos comicios electorales "porque -ha dicho- si ha competido teniendo recursos ilícitos eso se llama también competencia ilegítima" y "podría haber ganado algún proceso electoral con recursos que la ley no le permitía". En su opinión, estas actividades han podido favorecer que se produzca la "mayor estafa inmobiliaria" de la democracia española y afecta a la credibilidad de la justicia mientras existan casos que "siguen muriendo en los tribunales".
Aunque los hechos que recoge la querella se remontan a 1990, la acusación se formula por los pagos registrados desde 2003 a 2008, que serían a los no afectaría una posible prescripción.
La decisión de presentar esta querella se adoptó ayer en la reunión de la Presidencia Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, y la firman también Ecologistas en Acción, la plataforma Justicia y Sociedad, y la Asociación Libre de Abogados (ALA).
