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Un juez ve "arbitrarias" las sanciones a políticos catalanes por colgar carteles a favor de los presos

No ve justificada "la diferencia de trato" con respecto a otras entidades que también habían pegado carteles en el mismo sitio y no fueron expedientadas

Un juez de Barcelona ha considerado "arbitrarias" las sanciones administrativas impuestas por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona) a dos políticos locales que colgaron carteles en la vía pública a favor de la libertad de los presos independentistas. El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Barcelona ha instado a la nulidad de las sanciones impuestas a Gerard Valverde, candidato para la alcaldía en representación de Junts pel Prat, y a Gemma Domingo, presidenta de la agrupación local del PDeCat, al considerar que la actuación del consistorio fue "arbitraria", pues no aplicó sanciones a otras entidades que realizaron hechos idénticos.

Según la sentencia, los dos acusados participaron el pasado 20 de noviembre en un "acto pacífico" a favor de los presos independentistas y los exiliados, durante el cual se procedió a colgar diversos carteles y pósteres en diferentes edificios y elementos del mobiliario urbano de la plaza de la Vila y los alrededores del Ayuntamiento de El Prat del Llobregat.

En el transcurso de esta acción de protesta, agentes de la Guardia Urbana local se dirigieron a los participantes para indicarles que aquellos espacios no estaban habilitados para tal función.

La intervención de los agentes policiales motivó a la incoación de los respectivos expedientes sancionadores y a la imposición de multas de 200 euros, alegando a la vulneración del artículo 77.20 de la Ordenanza municipal de civismo y convivencia ciudadana que establece la prohibición de "colocar carteles o propaganda fuera de los espacios habilitados a tal efecto".

Aunque los actos que han sido objeto de sanción constituyen una vulneración de dicha ordenanza, la magistrada ha concluido que el Ayuntamiento de El Prat del Llobregat "no ha motivado ni justificado la diferencia de trato a los recurrentes con respecto a otras entidades que también habían pegado carteles en el mismo sitio".

La letrada Mariona Torra, abogada de Colectivo Ronda responsable del recurso, ha añadido que "la libertad de expresión es un bien demasiado preciado como para permitir que pueda ser objeto de represión en función de los intereses particulares de un determinado Ayuntamiento". 

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