PONTEVEDRA. El alcalde de Crecente, Julio César García-Luengo Pérez, dejará mañana la alcaldía para cumplir un año de inhabilitación al que fue condenado por negarse a tirar una nave de una empresa maderera, actitud que defiende que se debió a "un deber con los vecinos".
"Era importante mantenerla, eran 18 puestos de trabajo", ha señalado a EFE el todavía regidor, que señala que la nave fue legalizada posteriormente.
La primera sentencia que ordena el derribo de la nave es de 2001, cuando el regidor no era él sino su padre, y como el hijo se negó a ejecutar la demolición, a la que fue obligado judicialmente en 2009, acabó siendo condenado por no hacer caso al fallo.
García-Luengo Pérez señala que solicitó el indulto y que más del 80% de los vecinos de Crecente apoyaron la petición.
"Para ellos lo de la desobediencia es sagrado", comenta el regidor sobre la decisión del tribunal, a quien no se le escapa que cuando expire su condena será otra vez periodo electoral.
"Un año es muy largo y ya veremos lo que hago", ha dicho. Tras su denuncia, el regidor será Servando Rodríguez, que asumirá el bastón de mando el próximo viernes, tras unos días en que circunstancialmente será alcaldesa Marisol Gómez, según ha explicado el propio García-Luengo.
Desde la oposición llaman la atención sobre el hecho de que quienes primero denunciaron la supuesta ilegalidad de la nave eran familiares del propio alcalde, al igual que los dueños de la empresa afectada.
