El Juzgado todavía investiga dos delitos por malversación en la Cámara de Comercio

Los trabajadores despedidos creen que la sentencia evidencia que "teníamos razón"

El periplo judicial de la Cámara de Comercio todavía tiene causas pendientes. El Juzgado de Instrucción número 1 investiga un posible delito de falsedad documental y otro de malversación de caudales públicos, a raíz de unas conclusiones del Consello Galego de Contas en las que se apreciaban serias dudas sobre la actividad fiscal y económica de la entidad pontevedresa. Ahora mismo el caso está paralizado en el Juzgado, pues lleva más de un año y medio pendiente de un informe de un perito judicial.

Las conclusiones en cuestión parten de un documento del Consello Galego de Contas sobre la gestión de la Cámara de Comercio en los ejercicios 2010- 2011, en el que se advierte sobre las irregularidades denunciadas por parte de los trabajadores. Dicho informe alerta sobre la existencia de "gastos non habituais" y el funcionamiento de un sistema contable que adolece de "deficiencias" que pueden desvirtuar la realidad económica de la entidad.

Según comprobó el Consello, las cuentas se podían modificar una vez cerrado el ejercicio y el propio auditor prestaba asesoramiento a la entidad, por lo que duda de su independencia. También considera que el registro de los gastos de personal "non se axusta á normativa aplicable" y registra cargos que no se habían introducido en los "libros diarios". Además, señala que la Cámara no realizaba "ningún control" de los gastos en viajes y que la documentación contrastada impide saber "a totalidade dos contratos que se licitaron".

A juicio del Consello, las cuentas oficiales de la entidad cameral no reflejaban la situación real patrimonial ni financiera de la Cámara, lo que acabó motivando una investigación judicial.

REACCIONES. Los trabajadores de la Cámara de Comercio que denunciaron las irregularidades juzgadas a posteriori se limitaron a indicar este jueves que la sentencia evidencia que estaban en lo cierto: "Esto demuestra que teníamos razón en lo que denunciamos por el bien de la Cámara de Comercio. El tiempo nos ha dado la razón", indicaba a preguntas de este periódico uno de los empleados despedidos de la entidad.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Arousa, Eduardo Barros, evitó este jueves hacer valoraciones sobre el dictamen judicial, si bien en la entrevista concedida a Diario de Pontevedra el pasado 17 de marzo señaló que "la Cámara de Pontevedra fue una de las pocas que actuaron frente a la crisis, impulsando una reestructuración del personal" que motivó "muchas tensiones y denuncias". Dicho esto, se mostraba partidario de cumplir la ley e incidía en que desconocía las causas por las que se juzgaba a Charo Lorenzo. "No la puedo defender ni condenar; eso lo hará un juzgado", añadía.

A falta de conocer ese desenlace, se admitía que la judicialización afectó de forma negativa a la entidad y provocó que "mucha gente" se acabara "separando de la Cámara".

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