El presidente de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha absuelto a los gestores del grupo Marfrío de un delito societario, del que les acusaba uno de sus socios minoritarios, José Luis Freire, presidente de Conxemar.
El fallo, que se ha dado a conocer este lunes, estima que no hay pruebas para declarar culpables a los acusados --Pedro Otaegui, José Ramón Pérez, Justo Ojeda y Javier Otaegui-- de falsear las cuentas de Marfrío, negar información a Freire con fines lucrativos, de administración desleal o de fraude de los intereses económicos de la sociedad.
El grupo Marfrío, que se dedica a la comercialización de productos del mar congelados, tenía su capital social dividido entre los accionistas Copemar --propiedad de la familia Ojeda--, Pesquera Echalar --propiedad de la familia Otaegui-- y la familia Freire, que tenía un tercio de las acciones. A su vez, este grupo era cabecera de otras sociedades como Marfrío Pesca --participada por Marfrío, Echalar y Copemar--, Marfrío Marín y Pralisa.
En marzo de 2002, se acordó el cese como consejero delegado de José Luis Freire y, en julio de ese mismo año, el Consejo de Administración decidió, debido a la precaria situación económica de Marfrío, vender su participación en Marfrío Pesca a Echalar y Copemar. Posteriormente, gracias a la venta de un barco y al cobro de una subvención para poner en marcha una sociedad mixta, Marfrío amplió su capital hasta los 6 millones de euros, por lo que la participación de Freire se redujo al 0,54 por ciento de las acciones.
Ante esta situación, Freire denunció a sus socios por presuntos delitos societarios --de los que ahora han sido absueltos--, al considerar que se le apartó del consejo de administración y que no se le informó de las posteriores operaciones, pese a haber solicitado esos datos por escrito. A lo largo del juicio, los acusados justificaron esas decisiones empresariales por la mala situación financiera de la sociedad, y advirtieron de que no facilitaron información a Freire para evitar que obstaculizara esos proyectos.
La Fiscalía pedía para los acusados penas de 2 años y medio de prisión --excepto para Javier Otaegui, para el que solicitaba año y medio--, mientras que la acusación particular elevaba su petición hasta los 6 años de cárcel para cada uno, y pedía una indemnización de 2,4 millones de euros para la familia Freire por el daño patrimonial sufrido.
