La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisa mañana la prisión provisional que decretó el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, para el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuando se cumple casi un mes de su encarcelamiento el pasado 27 de junio.
La Sala celebrará una vista a puerta cerrada y sin la presencia del extesorero para estudiar el recurso contra la prisión que interpusieron a la semana siguiente de su ingreso en Soto del Real.
La Fiscalía Anticorrupción, que fue quién pidió al juez la prisión incondicional del extesorero, ha impugnado este recurso con los mismos argumentos con los que reclamó su encarcelamiento: riesgo de fuga ante la "presunción de contar con patrimonio en el extranjero de difícil control e incautación judicial" en Suiza, EEUU, Uruguay y Bahamas, y por el peligro de que destruya pruebas o influya en testigos.
La acusación popular que ejerce en el caso Gürtel la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) también pidió la prisión para Bárcenas, aunque eludible bajo una fianza, por lo que mañana en la vista podría mantener esa postura, o bien decantarse por pedir que siga en prisión incondicional.
Ruz decretó el ingreso en prisión incondicional del extesorero tras tomarle declaración para que le diera explicaciones sobre el origen de su fortuna de 48,2 millones de euros en Suiza, después de comprobarse que sus negocios de compraventa de cuadros, con los que trataba de justificarla, no se correspondían con operaciones reales, sino más bien de blanqueo de capitales.
En la vista de mañana, Bárcenas estará representado por su nuevo abogado, Javier Gómez de Liaño, con el que ha desplegado una nueva estrategia de defensa.
Antes de entrar en la cárcel, el extesorero negaba que fueran suyos los llamados "papeles de Bárcenas" sobre una supuesta contabilidad B del PP, que publicó El País en enero, mientras que en su última declaración ante Ruz, el pasado 15 de julio -la primera en la que le asistió Liaño- no solo admitió la autoría sino que entregó documentación con la que pretende demostrar una financiación ilegal del partido durante 20 años
