La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, asumirá las competencias en materia de suelo del ayuntamiento pontevedrés de Caldas de Reis.
Así lo ha aprobado este jueves el Consello de la Xunta, que ha dado el visto bueno a este acuerdo por el cual el municipio pontevedrés delegará a este agencia el ejercicio de las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística en relación con las obras y usos del suelo.
Según ha recordado el Ejecutivo autonómico, la APLU "es un ente público de naturaleza consorcial, dotado de personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios", así como de "plena autonomía", para el desarrollo en común de las competencias en materia de suelo entre la Administración autonómica y los municipios que voluntariamente se integren en ella.
De esta manera, los ingresos obtenidos por multas coercitivas y sanciones administrativas impuestas en el ejercicio de las competencias delegadas, serán repartidos a partes iguales de modo que el 50 por ciento pasará a la Administración autonómica y el 50 por ciento restante al ayuntamiento. Además, el municipio deberá prestar la cooperación y asistencia activa que la APLU solicite, con el fin de llevar a cabo un "eficaz ejercicio" de sus competencias inmediatas.
Con este nuevo acuerdo, tal y como ha recordado la Xunta, serán 53 los ayuntamientos adheridos al organismo. En concreto, la APLU gestiona actualmente más de 4.000 kilómetros cuadrados de superficie correspondientes a los 53 ayuntamientos --14 en A Coruña, 8 en Lugo, 20 en Ourense y 11 en Pontevedra--.
MEJORA DE LA CARTOGRAFÍA
El Consello de la Xunta también ha dado el visto bueno a la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y la Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia (Sodeco) por el que se llevará a cabo la actualización de la cobertura de ortoimágenes en el ámbito territorial de Galicia, y la elaboración del modelo de elevaciones del terreno para la zona oeste por importe de 438.290 euros.
Mediante este convenio, financiado íntegramente por el departamento que dirige Agustín Hernández, actualizará la cobertura ortofotográfica de Galicia a 25 centímetros por píxel de una superficie de algo más de 13.333 kilómetros cuadrados a partir de los vuelos efectuados por el Instituto Geográfico Nacional.
Estas actividades permitirán el estudio y planificación del desarrollo territorial y la elaboración de estudios de carácter físico ambiental que proporcionen información aplicada a la ordenación del territorio. Además, constituirán "una de las bases fundamentales para el reconocimiento de la realidad e identidad gallega", conforme ha indicado la Xunta.
La Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe será el organismo encargado de la dirección y coordinación técnica de los labores objeto de este convenio, que prevé también la constitución de una comisión mixta de seguimiento que coordine su desarrollo.
EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DEL UMIA
En su reunión semanal, el Ejecutivo gallego también ha aprobado un convenio entre Aguas de Galicia, la Diputación de Pontevedra y los ayuntamientos de Caldas, Moraña y Cuntis en el cual se fijan las bases de las explotación de la prensa en el río Umia (Pontevedra).
Según ha explicado la Xunta, el acuerdo determina las cantidades del canon devengado por la explotación hidroeléctrica de la presa de Caldas que se destina a los citados ayuntamientos para la financiación de obras de carácter educativo, cultural y asistencia social.
En concreto, Aguas de Galicia destina casi 370.000 euros "a repartir entre los ayuntamientos beneficiarios en igual proporción", tal y como ha detallado el Ejecutivo gallego.
Este convenio fijará las condiciones a las que deberá ajustarse la Diputación de Pontevedra en la gestión de fondos, en calidad de entidad colaboradora. Por su parte, los ayuntamientos de Caldas, Cuntis y Moraña asumen la condición de beneficiarios de las ayudas previstas en el pliego de la concesión y en el presente convenio para aquellas actividades incluidas en el ámbito material previsto, cuando se desarrollen en cada municipio.
NUEVO COLECTOR EN VALGA
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas construirá un colector en el Ayuntamiento de Valga (Pontevedra) para recoger las aguas residuales de 12 núcleos de población y evitar su vertido al río Louro.
Esta nueva actuación supondrá una inversión de 630.000 euros y consistirá en la instalación de un nuevo colector de 3.300 metros de longitud que discurrirá en paralelo al río Louro y permitirá recoger las aguas de 12 núcleos del municipio pontevedrés --Senín, Louro, Sisto, Barro, Os Cotriños, Balleas, A Canle, A Gándara, Barcia, O Forno, Socastro y A Casanova--.
Además, Medio Ambiente instalará cuatro ramales y 51 pozos de registro que acercarán el saneamiento a los pequeños núcleos de población. El plazo de ejecución será de 12 meses y permitirá beneficiar a cerca de 2.000 vecinos del municipio de Valga.
Con esta nueva inversión, la Administración autonómica ha destinado al saneamiento de Valga "casi cuatro millones de euros", ya que, tal y como ha indicado, "también financió las obras de las tres primeras fases", en las cuales se incluyó la construcción de la depuradora.
ABASTECIMIENTO DE BEARIZ (OURENSE)
En otro orden de cosas, un proyecto de colaboración entre el departamento de Medio Ambiente y el Ayuntamiento ourensano de Beariz ha sido autorizado por el Gobierno gallego para mejorar el abastecimiento y el saneamiento de los núcleos de Muradas y Lebozán. A estas mejoras hidráulicas la Xunta destinará más de 370.000 euros.
Las obras, con un plazo de ejecución de seis meses, beneficiará a los 135 habitantes de Muradas y 65 habitantes de Leboán, a los cuales "se le ofrecerá un servicio adecuado de saneamiento y abastecimiento", ya que, tal y como ha explicado la Xunta, "se eliminarán las fosas sépticas y los problemas de salubridad que ellas comporta".
Según ha indicado el departamento que dirige Agustín Hernández, el Ejecutivo gallego está llevando a cabo las actuaciones necesarias en materia de saneamiento para garantizar el cumplimiento de la directiva de aguas residuales, estableciendo un plan de control de vertidos urbanos.
