La Casa del Rey ha expresado hoy su "respeto a las decisiones judiciales" tras conocer la decisión del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de citar a declarar a la infanta Cristina como imputada para el próximo 8 de marzo por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La Casa del Rey manifestó también su "máximo respeto por las decisiones judiciales" cuando, el 7 de mayo del año pasado, la Audiencia de Palma dejó sin efecto la imputación de doña Cristina decidida un mes antes por el juez.
Aquella resolución de José Castro suscitó una reacción de la Jefatura del Estado muy comentada en aquel momento, ya que la Casa del Rey expresó su "sorpresa" por "el cambio de posición" del juez Castro y mostró su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía de presentar recurso contra esta medida.
Después de destacar que había tenido conocimiento del auto de imputación "por los medios de comunicación", Zarzuela subrayaba entonces que el juez había sostenido hasta ese momento la posición de no imputar a la infanta y manifestaba su conformidad con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir "en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad".
En la entrevista concedida a TVE con ocasión del 76 cumpleaños de don Juan Carlos, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, afirmó que prefería no "especular" sobre el desenlace del caso Nóos, pero pedía que el juez Castro terminara pronto la instrucción de un sumario que "lleva ya tres años largos abierto" y cuya prolongación, según subrayaba, resulta "un poco un martirio" para la Corona. "Hay que confiar siempre en la Justicia, siempre hemos respetado las actuaciones del magistrado" y "lo único que pedimos" es "que termine pronto", recalcaba Spottorno, quien recordaba que el sumario "se ha prolongado mucho en el tiempo" y él entiende que "se han hecho todas las diligencias que tenían que hacerse, tanto documentales como testificales, como de todo tipo".
El juez Castro ha decidido hoy finalmente una imputación de doña Cristina que solo había pedido el sindicato Manos Limpias, organización que ejerce la acusación popular y que había solicitado que se imputara a la infanta al considerar que en los análisis llevados a cabo por la Agencia Tributaria y por la Policía se ponían de manifiesto indicios de delito.
