La Comisión Europea (CE) indicó hoy que investigará a petición de España el reciente lanzamiento de bloques de hormigón al mar por parte de Gibraltar que, a juicio de las autoridades españolas, perjudica a los pescadores locales y vulnera la normativa medioambiental.
La cuestión será tratada de forma independiente a la misión que Bruselas enviará a la zona para estudiar los controles fronterizos y cuestiones aduaneras, según anunció hoy el portavoz comunitario Olivier Bailly. "Se tratará de forma específica y separada a raíz de una queja sobre la construcción de un arrecife artificial que recibimos del ministro español de Agricultura y Medio Ambiente el pasado 31 de julio", explicó el portavoz.
Según Bailly, desde el momento en que Bruselas recibe una queja formal de un Estado miembro debe poner en marcha un "procedimiento específico" que, eventualmente, podría dar pie a un "procedimiento de infracción". "Si pudiésemos confirmar los hechos y no nos convenciesen las respuestas de las autoridades de Gibraltar y del Reino Unido, podría conducir a un procedimiento de infracción, pero evidentemente aún no estamos ahí. Acabamos de recibir esta queja", indicó el portavoz en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo europeo.
Este asunto fue uno de los que planteó el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la conversación que mantuvo ayer con el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso.
Así, la Comisión Europea explicó hoy que la misión de expertos que enviará próximamente a Gibraltar con el beneplácito de Madrid y Londres se llevará a cabo "lo antes posible", pero sigue sin tener fecha.
Los detalles de la operación deben ser aún discutidos a nivel técnico con las autoridades españolas, explicó Bailly.
'Buzón de quejas' en Gibraltar
El gobierno de Gibraltar ha abierto un procedimiento para que los ciudadanos del Peñón que hayan sufrido esperas para entrar o salir a través de la frontera en los últimos días puedan presentar quejas.
Según ha indicado en un comunicado el Ejecutivo que dirige Fabian Picardo, la información recabada mediante este procedimiento permitirá a Gibraltar ofrecer estadísticas "más precisas" a la Comisión Europea y, "de ser necesario", preparar un proceso legal.
