La Comisión de Personal ha aprobado hoy las propuestas incluidas en el anteproyecto de Ley de Medidas en Materia de Empleo Público, que ha sido nuevamente rechazado por los sindicatos y que ha cumplido así el último trámite antes de su aprobación, mañana jueves, por el Consello de la Xunta.
La reunión de la Comisión de Personal de la Administración autonómica ha culminado sin que los representantes del Gobierno gallego, encabezados por el director general de la Función Pública, José María Barreiro, y de las organizaciones sindicales acercasen posturas.
Los portavoces de las centrales sindicales CIG, CC OO, UGT y CSIF no aceptaron la propuesta de la Xunta por entender que las medidas han sido impuestas y que se ha vulnerado la negociación colectiva.
Unos doscientos delegados sindicales se concentraron delante de la entrada principal de la Escola Galega de Administración Pública, lugar de la reunión celebrada hoy, para manifestar su rechazo al anteproyecto de ley.
El Ejecutivo autonómico, por medio del director general de la Función Pública, criticó que los sindicatos no hayan presentado ninguna "contrapropuesta" y aseguró que la Administración ha establecido "una regulación más favorable", respecto al texto original, en lo que se refiere a la incapacidad temporal.
Tras la reunión de la Comisión de Personal, la Xunta ha defendido que Galicia será la comunidad autónoma "que regulará con mejores condiciones" para los empleados públicos la incapacidad temporal.
Barreiro explicó que la Administración gallega mejoró el texto inicial de forma que se amplían los supuestos en los que se completará el 100% del salario desde el primer día de baja.
Explicó que a los casos ya previstos de enfermedad profesional, accidente laboral y maternidad, se añaden ahora los de intervención quirúrgica, hospitalización, riesgo por embarazo, riesgo durante la lactancia natural y paternidad.
Barreiro explicó también que con la modificación del texto introducida, en el resto de bajas, la Xunta completará la prestación de la Seguridad Social desde el primer día con un porcentaje creciente hasta llegar al 100% del salario a partir del día 21.
De esta forma, del primer al tercer día se abonará el 50% de las retribuciones, cuando sea la primera baja del ano, y el 40% en el caso de la segunda, mientras que para bajas posteriores el complemento será a partir del cuarto día. Desde el cuarto hasta el día 20 la Xunta pagará el 75% de las retribuciones, y del 21 día en adelante abonará el 100%.
Desde la parte sindical, el presidente del sector autonómico del CSIF, Juan Carlos Rivas, afirmó, en declaraciones a los medios, que la Xunta ha actuado con "mala fe" al modificar el documento y dijo que se vulnerado el sistema de negociación colectiva.
"Estas medidas se sustentan sobre una auténtica falacia; no es cierto el supuesto ahorro de 80 millones de euros", dijo, y demandó al Gobierno gallego que justifique con cifras sus argumentos.
Por su parte, Carmen López, portavoz de la Confederación Intersindical Galega (CIG), se mostró dispuesta a negociar "cualquier tipo de medida que suponga la racionalización de la Administración pública", y demandó la retirada del anteproyecto de ley.
El representante de UGT, José Vázquez, calificó el anteproyecto de medidas en materia de empleo público como "el tiro de gracia a los servicios públicos y a sus empleados". "Estamos ante una política de hechos consumados; una vez más se constató que los servicios públicos y los empleados públicos están en el centro de la diana de las medidas de recorte de la Xunta", aseveró.
Por último, Ramiro Otero, de Comisiones Obreras, solicitó que se abra una mesa de negociación, "no de imposición", dijo, y criticó la "escasa" voluntad negociadora de la Xunta "para buscar alternativas a la salida de la crisis desde la propia Administración".
Otero no descartó la posibilidad de que el calendario de movilizaciones se amplíe si desde el Gobierno autonómico no se dan pasos para abrir una mesa negociadora durante el periodo de trámite parlamentario del anteproyecto de ley.
La Comisión de Personal de la Administración termina sin acuerdo entre Gobierno y sindicatos
