Tal como se esperaba, la Corporación dio ayer luz verde de forma unánime a la moción contra el proyecto de reforma de la carretera PO-313, una iniciativa que podría afectar a más de 40 viviendas de vecinos marinenses.
En un Pleno marcado por la tensión, Gobierno y oposición se mostraron de acuerdo en la necesidad de intentar paralizar un proyecto que, tal como señaló el concelleiro de Urbanismo, Xosé Vilaboa, “non se adapta á realidade, puidendo provocar gravísimas consecuencias no entorno”. Con todo, el edil ‘popular’ Miguel Suárez acusó al Concello de “no llevar la exposición del proyecto de forma adecuada”, e insinuó que Vilaboa tuvo “un trato de favor especial” con algunos vecinos.
El anuncio del acuerdo alcanzado entre todos los partidos políticos de Marín fue la única tregua en un Pleno que levantó una gran expectación. Y es que cientos de vecinos se personificaron en la Casa Consistorial para mostrar su desconformidad con la gestión del alcalde, Francisco Veiga, que tuvo que interrumpir varias veces la sesión para pedir tranquilidad.
Al igual que en Plenos anteriores, los mayores reproches llegaron por parte de los vecinos afectados por la construcción de los polígonos de A Brea y Vistalegre. Muchos de ellos recibieron al grupo de Gobierno al grito de “dimisión, dimisión”. Aunque los ánimos estaban muy caldeados, la presencia de la Policía Local fue suficiente para que la cosa no fuese a mayores.
Por lo que respecta a los puntos tratados en el Pleno, la Corporación también aprobó las adhesiones a los Grupos de Desenvolvemento Rural das Comarcas de Pontevedra y al de Acción Costeira de Galicia, aunque María Ramallo, portavoz del PP, lamentó que “este tema no se tratase con mayor antelación”.
