PONTEVEDRA. Las continuas piedras en el camino no han logrado por ahora detener la investigación judicial por supuestos delitos fiscales que afecta a Nené Barral, exalcalde de Ribadumia, y a dos de sus hijas. La legislación vigente en los dos países que deben responder a las comisiones rogatorias propuestas por la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra , China e Islas Vírgenes, está siendo un pesado lastre, pero ni siquiera la falta de respuesta de ambas naciones parece en disposición de frenar un proceso que lleva camino de sentar en el banquillo de los acusados al exdirigente ‘popular’. Barral, que por ahora ha eludido la acción de la Justicia por el asunto que le apartó de la Alcaldía de la villa de O Salnés, una supuesta operación de contrabando de tabaco a gran escala, que sigue enquistado en el juzgado de Vilagarcía de Arousa, se enfrenta a una acusación de evasión de impuestos por supuestas inversiones en los dos paraísos fiscales anteriormente citados.
El fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, confía en sacar adelante el proceso a pesar de los contratiempos que se traducen en continuos retrasos. El último, un recurso interpuesto por la defensa de Barral en el que se solicitaba la nulidad de las actuaciones al considerar que las comisiones rogatorias que pide el fiscal no se ajustan a derecho, por una parte, y que el secreto de sumario se ha prolongado en exceso, por otra. Santaló acaba de oponerse a ambas cuestiones, a la espera de conseguir hacer avanzar el asunto, bien por la vía de las comisiones rogatorias (por el momento tiene la respuesta de Chile que confirma las inversiones, pero nada sabe de China e Islas Vírgenes, donde se encuentra, según sospecha el fiscal, el grueso del delito), o bien a través de otras diligencias que se están llevando a cabo y que espera lleguen a buen puerto.
La Fiscalía sostiene que el exalcalde de Ribadumia, considerado por muchos el mentor político de Rafael Louzán, desvió fondos de procedencia ilícita con destino final en China por las vías de Islas Vírgenes y Hong Kong. Santaló defiende que Barral Martínez empleó estas cantidades para levantar empresas relacionadas con el sector eólico y con la acuicultura en el país asiático. La procedencia del dinero será difícil de probar, pero los delitos fiscales son más difíciles de esconder.
