La Defensora del Pueblo pide revisar el régimen de visitas a padres con denuncias por maltrato

La tragedia suele actuar como despertador para la conciencia e incluso, en algunos casos, como punto de inflexión para la solución de problemas persistentes. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, pidió ayer que se revise el régimen de visitas a los hijos cuando existan denuncias por maltrato contra los padres, con el objetivo de evitar un "hecho dramático" como es el asesinato de un niño de 11 años en el concello coruñés de Oza-Cesuras, del que está acusado su padre, Marcos Javier Miras Montánez, quien presuntamente cometió el crimen en su turno de custodia y al que la madre del menor había denunciado por amenazas en 2008 y 2013.

"No habrá más remedio que revisar esas visitas o esos permisos o la patria potestad", proclamó Becerril en su intervención en el Senado, en la que instó a las autoridades competentes a estar atentas "a la manera de actuar ante estas circunstancias y a todos los procedimientos", porque el asesino confeso "había sido denunciado por su exmujer en dos ocasiones".

Al respecto de esta postura autocrítica, la Xunta recogió ayer el guante lanzado por la Defensora del Pueblo. La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, aseguró que coincide "absolutamente" con la apreciación de Becerril y anunció que el Ejecutivo autonómico será "belixerante" para reclamar una revisión del sistema de custodia y de los regímenes de visitas en caso de maltratadores o padres condenados por violencia, una propuesta que ya llevó al Gobierno central en el mes de marzo y que se acentúa ahora tras el suceso conocido este martes.

López Abella concretó que entonces la Xunta trasladó a la comisión en el Senado para el pacto de Estado en materia de violencia de género un documento con peticiones gallegas, entre las que se encontraba la revisión legislativa de la custodia en estas circunstancias. Asimismo, la responsable de Igualdade añadió que Galicia trabaja directamente con el Observatorio de Violencia de Género estatal y en las comisiones técnicas, "incidindo en que é necesaria esta e outras modificacións para mellorar a atención e a previsión deste tipo de casos".

Así, hizo hincapié en la necesidad de estar "alerta desde todos os puntos de vista" y en la importancia de que las personas que sufran violencia "denuncien para que os corpos de seguridade e as institucións poidan actuar", recordando además que los menores que sufran situaciones de violencia o de malos tratos tienen un teléfono a su disposición para pedir ayuda.

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, compartió el ruego de López Abella, enmarcándolo en una responsabilidad que hizo extensiva al resto de la sociedad, y no solo a las víctimas. También se sumó a la apertura de un debate acerca de las medidas de protección de la infancia y la conveniencia de dotar de mayores medios a este ámbito. "Cando se culmina un feito coa morte dun neno de 11 anos algo falla aí, todos fallamos", lamentó Villanueva. Aun así, consideró que cuando un juez toma una decisión al respecto, esta "é moi meditada".

"A ALERTA NON SE OÍU". Por su parte, la coordinadora de la Asociación Galega contra os Malos Tratos aos Menores (Agame), Estela Gómez, criticó que antes del asesinato del niño sí hubo una "alerta" —las dos denuncias de la madre—, pero esta "non se oíu". De este modo, en una entrevista en la Radio Galega, Gómez exigió a las autoridades que "se impliquen para que a protección dos menores sexa prioritaria".

Igualmente, advirtió de que las "mínimas" denuncias falsas que se pueden dar deriven en que "non se poñan medidas de protección canto antes". En este sentido, explicó que las entidades de la infancia "levan tempo queixándose de que moitas denuncias non prosperan porque é complicado probar as condutas e por iso piden que os dereitos dos nenos estean por encima de todo". Y la protección de los menores, afirmó, debe anteponerse incluso "aos dereitos do reo".