La deputada Carmela Silva pide un trato "equitativo en inversiones y atenciones" en el Norte y Sur de Galicia

VILAGARCÍA. La diputada socialista Carmela Silva critica que la Xunta lleve al  Norte de la Comunidad los equipamientos sanitarios y pide un trato "equitativo en inversiones y atenciones" en el Sur de la Comunidad gallega.

Acompañada del secretario provincial del PSOE, Santos Héctor, ha analizado junto a sus compañeros de partido de la comarca de O Salnés la situación por la que está pasando la sanidad en la comarca, afectada por los planes del Gobierno gallego de desviar los pacientes de determinadas especialidades sanitarias a centros hospitalarios de Santiago.

Para Santos Héctor, estos desplazamientos vienen a completar el "mapa del desastre sanitario", que supone la construcción "con dinero público de un hospital en Vigo que contará con una gestión privada", el abandono de los planes de construcción de un nuevo hospital en Pontevedra y la ampliación del de Montecelo, así como la paralización en las obras de mejora del Hospital do Salnés.

La diputada viguesa Carmela Silva ubicó esta situación en el marco de la "dialéctica norte-sur" que existe en Galicia. Explicó que su postura no aboga por los localismos, sino "por defender el sur de la comunidad" y que ciudades como Vigo, Ourense o Pontevedra o comarcas como la de O Salnés puedan disponer de "los equipamientos, infraestructuras de comunicación, capacidades económicas y, sobre todo, derechos como la sanidad, en igualdad de condiciones que otros territorios".

"Lo que reclamamos los del sur", añadió la diputada socialista, "es tener un trato equitativo de inversiones y atenciones". En su opinión se está optando por que esas inversiones se vayan todas hacia el norte. Y eso lo sufren las personas, dijo, como las de la comarca de O Salnés que "a partir de ahora van a tener una peor atención sanitaria".

"Dejen la comparsa de los  'caladiños'"

La diputada del PSOE por la provincial de Pontevedra en el Congreso de los Diputados , Carmela Silva, ha pedido a los alcaldes populares de la comarca de O Salnés y, por extensión, de toda Galicia que dejen de formar parte de la "comparsa dos caladiños --calladitos--" y se sumen a la "comparsa de los que defienden a las personas".

Carmela Silva, que se ha reunido esta tarde en Vilagarcía de Arousa con los secretarios locales del PSOE en la comarca, ha manifestado que los socialistas ven con preocupación como ciertos alcaldes populares "asumen con vergonzosa complacencia las gravísimas decisiones" que están tomando el Gobierno de España y de la Xunta de Galicia.

En concreto, la diputada socialista le ha recordado al alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, que "los ciudadanos eligen a sus representantes para que los defiendan, cosa que no están haciendo muchos alcaldes del Partido Popular, incluido el vilagarciano". Para Carmela Silva no basta con quedarse callado, "porque el silencio siempre es cómplice".

El PP cede a la presión

La diputada socialista considera que el PSOE debe canalizar las protestas que se están levantando en diversos ámbitos de la sociedad española para rechazar "las leyes con las que el Gobierno de España está atacando a los ciudadanos". En este sentido, señaló, "debemos diseñar una estrategia política para ponerle freno".

Para Carmela Silva "hay una cosa que está demostrada y es que ante la presión ciudadana el Partido Popular da marcha atrás en sus decisiones". Por ello considera que el PSOE debe ser "ese partido que lidere a la ciudadanía en contra de las leyes que van en contra de ella".

Ley aborto

En la reunión de los socialistas arousanos con su secretario provincial y con la diputada Carmela Silva también se acordó presentar una serie de mociones tanto en la Diputación de Pontevedra y los ayuntamientos de la provincia en contra del proyecto del Ley del Aborto que defiende el Partido Popular.

Los socialistas consideran que la libertad y lo derechos de las mujeres para decidir sobre su maternidad "no se pueden legislar ni por planteamientos morales, ni éticos, ni religiosos", por lo que exigirán la retirada del proyecto actual y la vuelta a una ley de plazos.

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