La concejala de Xuventude y Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Santiago, Rebeca Domínguez, ha comunicado esta tarde que presenta su renuncia después de transmitirle por la mañana de manera verbal su decisión al alcalde, Ángel Currás (PP), con lo que son actualmente nueve las vacantes a cubrir.
Su anuncio se conoce tras la renuncia de siete ediles del grupo de gobierno que recurrirán la sentencia que los condena a nueve años de inhabilitación por haber acordado la defensa con dinero público de un excompañero, Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon y que, a su vez, presentó su dimisión hace una semana.
En un comunicado divulgado por el gabinete de prensa, la hasta ahora concejala Rebeca Domínguez indica que tomó su decisión con la intención de iniciar una nueva etapa fuera de la política municipal y agradece a los ciudadanos la confianza depositada en su persona, así como a los trabajadores municipales la "excelente tarea" realizada durante su etapa en el consistorio.
El fallo judicial contra los siete concejales se conoció después de que el 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en una junta de gobierno celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar con el dinero de todos la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.
Los salientes por imperativo legal son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis Bello y Francisco Noya y a esta lista se suma ahora Rebeca Domínguez.
(De i a d) Los concejales Francisco Noya, Amelia González, María Pardo, Cecilia Sierra y Juan de la Fuente, durante la rueda de prensa tras presentar su dimisión (EFE/ Lavandeira Jr)
Esta concejala se incorporó al grupo de gobierno, que consta de 13 miembros, en abril de 2012, cuando corrió la lista tras la dimisión un año después de las elecciones municipales del alcalde Gerardo Conde Roa, que acabó siendo condenado por fraude fiscal.
Rebeca Domínguez, que se encargaba en un principio de la cartera educativa, fue imputada por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias en la operación Pokemon, que investiga una trama corrupta en contratas públicas, y desde el primer momento se quejó del trato recibido por el alcalde, que pretendía, según ella, que firmase documentos con los que no estaba de acuerdo. De esto mismo se lamentó el dimitido Adrián Varela, que ante la jueza instructora Pilar de Lara se refirió al "trato vejatorio" que dio Ángel Currás tanto a Rebeca Domínguez como a él.
Ángel Currás, que sucedió a Conde Roa, está también imputado en la operación Pokemon por un delito de tráfico de influencias.
Sobre la teniente alcalde, Reyes Leis, no pesa imputación alguna y es la única edil que empezó la legislatura y se encuentra en esta situación.
Tampoco está imputado en ninguna de las causas judiciales abiertas José María Rosende Rico, que entró cuando dimitió el encargado de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Servicio de la Grúa y de la ORA Albino Vázquez, tras ser imputado en la operación Manga, una derivación de la Pokemon, por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
No pesa imputación alguna, igualmente, sobre Luis Meijide, que sustituyó a la actual diputada autonómica y portavoz del PPdeG Paula Prado, que, aunque no imputada, sí está salpicada por la operación Pokemon.
El portavoz del PSdeG en el Ayuntamiento de Santiago, Paco Reyes, ha subrayado hoy que que los ciudadanos están "sin Gobierno" y "sin explicaciones".
En rueda de prensa, Reyes reprochó al alcalde, Ángel Currás, que no hubiese comentado a la oposición la situación creada tras la inhabilitación de los concejales por haber decidido sufragar con dinero público la defensa de un compañero imputado en un caso de supuesta corrupción.
Tras señalar que la medida de dimitir ha sido la única coherente en los últimos tiempos, Reyes lamentó no obstante que llegue "tan tarde que no evitó la fotografía" del equipo de Gobierno sentado en el banquillo de los acusados.
Por su parte, desde el PPdeG, el secretario general, Alfonso Rueda, consideró hoy "coherente" la renuncia de los exconcejales condenados y determina que se trata de "un gesto que merece ser puesto en valor". "Tomaron la decisión que tenían que tomar que era renunciar con independencia de cual sea su situación en el partido", aseguró Rueda a un grupo de periodistas.
