La exedila de Personal de Xinzo sostiene que era el alcalde "quien proponía" a los trabajadores

Montse Lama asegura que Antonio Pérez precisaba el tiempo de duración del contrato y el nombre de la persona a contratar

La exconcejala de Personal de Xinzo de Limia y, en la actualidad, diputada en la diputación de Ourense (con el PP), Montse Lama, ha asegurado este martes que el alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, era quien "proponía" a los trabajadores, precisando además el tiempo de duración del contrato y el nombre de la persona para que se les hiciese el contrato aunque ha indicado que desconocía si estas personas en cuestión habían pasado un proceso de contratación ya que tenía "otra carga de trabajo".

Por su parte, dos trabajadores, que encadenaron varios de estos contratos, han explicado que les llamaron del ayuntamiento y que empezaron a trabajar, sin pasar un proceso de selección, examen o concurso público.

Durante la segunda jornada del juicio que se celebra en juzgado de lo Penal número uno de Ourense, Lama, que fue concejala de Personal entre los años 2011 y 2015, ha relatado que ella se limitaba a llamar a la gestoría después de que "alcaldía" le diese traslado del nombre de la persona a la que había que contratar y la duración del contrato.

"A mí me llamaba alcaldía a mi despacho y me decía que llamase a la gestoría para que hiciese el contrato a una persona, con una duración determinada", ha comentado Lama, quien ha continuado diciendo que ella desconocía si previamente habían superado un proceso de selección dado que no era la responsable de redactar el informe.

La actual diputada ha sido tajante al afirmar que viene al juzgado "a declarar libremente"; "No sé si otros pueden decir lo mismo", ha subrayado 

A partir de ahí, ha sostenido que no tenía constancia del proceso seguido porque tenía "otra carga de trabajo", que, según explicó, consistía en organizar las vacaciones a los 160 trabajadores que tenía el ayuntamiento, organizar la limpieza y los problemas que iban surgiendo cada día. Además, preguntada por la dinámica seguida en las juntas de gobierno, ha apuntado que el alcalde y el resto de su equipo hablaban de diversas cuestiones, donde el secretario dio cuenta en "en alguna ocasión" del Real Decreto que limitaba las contrataciones en los ayuntamientos para aclarar que todos "éramos conocedores" de ese tema.

Durante su intervención, la actual diputada ha sido tajante al afirmar que viene al juzgado "a declarar libremente". "No sé si otros pueden decir lo mismo", ha subrayado Lama, quien ha reconocido acto seguido que tenía "puntos de vista distintos" y otra forma de hacer las cosas, respecto al regidor orensano, que se enfrenta a diez años de inhabilitación de todo cargo público, acusado de contratar sin concurso público a cuatro trabajadores entre los años 2011 y 2013.

Un trabajador, que encadenó varios contratos en el ayuntamiento, ha explicado, respecto al procedimiento seguido por el ayuntamiento, que presentó una solicitud y que, tiempo después, tras pasar una entrevista, le llamaron para trabajar, sin pasar ningún proceso de selección. "Yo presenté una solicitud en el ayuntamiento y me llamaron", ha explicado uno de los trabajadores, que realizó trabajos como peón "en su mayoría por subvenciones", según su versión.

Pérez aseguró que firmó contratos porque "confiaba" en el secretario y porque "se entendía que eran las personas más cualificadas para el puesto"

Este trabajador, que además era delegado sindical en esa época con el CSI-F, ha reconocido que "yo firmaba el contrato y me iba", sin leer lo que ponía, esgrimiendo que trabajaba "donde me mandaban". En la misma línea, otra trabajadora, que realizó labores de limpieza y que fue interventora con el PP, ya en la etapa anterior con Isaac Vila como alcalde, ha explicado que el departamento de Personal le llamó diciendo que una persona se iba a jubilar y "si estaba interesada en el trabajo". Ninguno de los dos trabajadores pasaron un proceso de selección sino que fueron encadenando contratos, tesis que mantiene la Fiscalía.

La defensa sostiene que el regidor renovó algunos contratos por la necesidad de cubrir el servicio y que descubrió que había informes desfavorables, a posteriori, tras intervenir el ordenador del secretario y que éstos fueron "redactados 4 o 6 meses después de los contratos".

Este lunes, Pérez aseguró que firmó contratos porque "confiaba" en el secretario y porque "se entendía que eran las personas más cualificadas para el puesto". Además, indicó en que "nadie" le advirtió "nunca" de posibles irregularidades en las contrataciones, pese a los informes de advertencia de los asesores jurídicos y sostuvo que era el secretario el encargado de "iniciar el expediente de contratación y preparar toda la documentación".

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