La Fiscalía cree que un sector de la Policía pasó información a Ignacio González

El expresidente madrileño se reunió dos veces con miembros de Secretaría de Seguridad

La Fiscalía Anticorrupción cree que el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, pudo obtener "informaciones reservadas" y de "interés para los asuntos judiciales" que podían existir contra él por parte de un sector de la policía "no identificado plenamente hasta el momento".

"Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones", señala la Fiscalía en un informe del pasado 21 de febrero, dos meses antes de estallar el caso, que obra en el sumario y al que ha tenido acceso Efe.

El Ministerio Público habla además de las "indiciarias influencias" que podían ejercer los investigados, entre ellos González, "dentro de la carrera judicial" para tratar de constatar si había algún procedimiento contra ellos. Se trata del informe en el que los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, hablan de una "magistrada amiga" que pudo advertir a los investigados de que sus teléfonos estaban siendo intervenidos.

Pese a que los fiscales no identifican ni a dicha magistrada ni a ese supuesto sector de la Policía, sostienen que González y otros investigados "demuestran un alto conocimiento de las instancias judiciales y alardean de la relación que les une con algunos miembros de la carrera judicial o fiscal". Aunque añaden que hasta ese momento no se había podido "concretar si realmente tienen capacidad efectiva para influir en los mismos".

González y su hombre de confianza Edmundo Rodríguez, también en prisión, comparten unos vínculos que van más allá de "la mera relación afectiva o profesional"

También se habla en el informe de las supuestas influencias de los investigados dentro del Canal de Isabel II, de las que podrían haber hecho uso "para obtener informaciones internas" acerca de "las eventuales acciones judiciales" iniciadas por la compra de la sociedad brasileña Emissao. Dicha adquisición se realizó sobrevalorando su precio por 20 millones de euros, lo que ocasionó un desfalco a las arcas públicas de unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros).

Estas actuaciones de los investigados irían supuestamente dirigidas a buscar "protección frente a un eventual descubrimiento y persecución de los hechos ejecutados" con la finalidad de que sus acciones delictivas quedasen impunes.

Según la Fiscalía, Ignacio González y su hombre de confianza Edmundo Rodríguez, también en prisión, comparten unos vínculos que van más allá de "la mera relación afectiva o profesional" y suponen una "unión delictiva (...) cuyo principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de componendas ilícitas pagadas con dinero público".

"Ignacio González y Edmundo Rodríguez se han prevalido de sus funciones públicas para depredar ilícitamente el patrimonio de los ciudadanos de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones con diversos sectores que ostentan poder, ya sea público, financiero o mediático", sostiene el informe. Y señala además que su actuación implica un "claro" ejemplo de "práctica criminal mafiosa como es el uso de los medios de comunicación para protegerse frente a la acción de la Justicia".

El hombre ocupó como pasajero un vehículo cuya matrícula, según la Guardia Civil, consta como "reservada"

SEGURIDAD. El expresidente madrileño Ignacio González se reunió en mayo y junio de 2016 con dos personas de la Secretaría de Estado de Seguridad, que podrían ser policías, y también se vio en esas fechas con dos empresarios relacionados con el constructor imputado por las obras de la sede del PP. Estos son algunos de los encuentros que reflejó la Guardia Civil en un informe contenido en el sumario del caso Lezo, al que ha tenido acceso Efe y en el que se detallan varios seguimientos a González ilustrados con fotos de esas reuniones.

Según el informe, fechado el 7 de julio de 2016, el 31 de mayo de 2016 a las 14.30 horas el expresidente madrileño asistió a una comida de una hora y media con un hombre y una mujer sin identificar.

Tras salir del restaurante, el hombre ocupó como pasajero un vehículo cuya matrícula, según la Guardia Civil, consta como "reservada" y titulada por la "Secretaría de Estado de Seguridad", por lo que la UCO infiere que podría tratarse de un cuerpo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de dicha Secretaría. Unos días después, el 7 de junio, mantuvo una reunión de una hora, a las diez menos cuarto de la mañana, con otro individuo sin identificar que luego se montó en otro coche que también pertenece a esa Secretaría de Estado.

Estos encuentros se produjeron un año antes de que estallara el caso Lezo el pasado mes de abril, pero cuando la UCO ya lo estaba investigando.

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