La Fiscalía ha pedido al Juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional que se declare competente en el caso Pescanova y admita a trámite parcialmente las cuatro querellas interpuestas, que de momento se dirigen contra su presidente, Manuel Fernández de Sousa, 3 accionistas y 8 sociedades, informaron hoy fuentes judiciales.
Así figura en el auto en el que se acuerda pedir la declaración en calidad de imputados a Fernández de Sousa y al consejero Alfonso Paz-Andrade por presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante.
También pide la declaración en calidad de imputados a José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas, ambos consejeros, por un presunto delito de información relevante, y de la sociedad Pescanova, por falseamiento de información económico-financiera.
Y a las sociedades Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones y Sociedad Anómica de Desarrollo y Control, Transpesca, Nova Ardara Equities, Golden Limit e Iber-Comercio e Industria lo piden por un presunto delito de uso de información relevante.
Los fiscales Juan Pavía y Elena Lorente recogen en su escrito que los querellantes apuntan a una presunta falsedad de las cuentas anuales o de otros documentos e informes económicos o financieros de Pescanova, que habrían proporcionado públicamente una imagen irreal de la situación económica y patrimonial al menos durante el tiempo en el que los querellantes compraron diversos paquetes de acciones.
También se denuncia que alguno de los querellados -con el objetivo de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de Pescanova- vendieron acciones de la compañía antes de que se diera a conocer públicamente la situación de insolvencia de la pesquera.
El pasado 28 de febrero, el presidente de Pescanova comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la decisión de no formular las cuentas anuales de 2012 y manifestó sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa.
Un día más tarde anunció su intención de renegociar la deuda bancaria dentro del plazo que le otorgaba la situación de preconcurso de acreedores (articulo 5 bis de la Ley Concursal).
El pasado 15 de abril, Pescanova solicitó el proceso de concurso de acreedores, y el día 25 de ese mes el Juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra le declaró insolvente.
Según el informe de la investigación de la CNMV, que recoge el auto, al menos cuatro accionistas de Pescanova vendieron títulos hasta el mismo día o pocos días antes de comunicar al organismo de supervisión el pasado 28 de febrero la incertidumbre sobre su continuidad.
Fernández de Sousa vendió entre el 7 de enero y el 27 de febrero, a través de Sodesco, un total de 1.688.518 acciones a un precio de 16,26 euros, lo que le supuso un ingreso superior a 27,45 millones y evitó una pérdida de 15,6 millones, según cálculos de la CNMV.
Además, vendió entre septiembre y diciembre de 2012 y enero de este año, a través de Inverpesca y Sociedad Gallega de Importación de Carbones, paquetes de 560.678 y 24.400 acciones, respectivamente, para evitar pérdidas patrimoniales que no ha cuantificado la CNMV.
Paz-Andrade vendió entre el 29 de enero y el 27 de febrero de este año otras 344.972 acciones -a través de Nova Ardara Equities- a un precio de 16,86 euros, por lo que ingresó más de 5,81 millones y evitó una pérdida de 3,4 millones de euros.
El 27 de febrero, a través de Iber-Comercio e Industria, vendió otras 420 acciones a 16,53 euros y evitó una pérdida de 3.991 euros.
Barreras vendió entre el 11 de enero y el 6 de febrero de 2013, a través de Transpesca, unas 700.000 acciones a un precio medio de 16,02 euros, por lo que ingresó más de 11,21 millones y evitó una pérdida de 6,3 millones de euros.
En cuanto a Pérez-Nievas, entre el 25 y 26 de febrero pasado enajenó, a través de Golden Limit, un paquete de 110.000 acciones a un precio de 17,02 euros, por lo que ingresó 1,87 millones y evitó pérdidas de 1,39 millones de euros.
Según la Fiscalía, se trata -según apuntan los indicios- de un presunto falseamiento de información de las cuentas, usadas para una captación pública de fondos, por lo que "no es improcedente referirse a una conducta en última instancia de naturaleza defraudatoria que habría podido causar un perjuicio económico continuado a una generalidad de personas" en España y fuera
