La segunda y última parte del juicio en relación con uno de los casos que salpican a la extinta Cámara de Comercio de Pontevedra se celebró durante la mañana de este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de A Parda. Charo Lorenzo y Antonio Gómez Rivera, exsecretaria y antiguo presidente del ente cameral, se sentaron en el banquillo de los acusados por un delito contra la Administración de Justicia y otro de prevaricación.
Finalmente, tras la exposición y profundización en todos los puntos del caso, la Fiscalía, bajo la potestad de Juan Carlos Aladro, concluyó que se mantiene en afirmar la «culpabilidad de ambos acusados». Por ello, también permanece la petición de año y medio de prisión por ambos delitos, además de una multa de 3.000 euros a pagar por cada uno de los procesados. De emitirse una sentencia favorable para los tres denunciantes por despido irregular, Charo Lorenzo y Gómez Rivera tendrían que indemnizar con 3.000 euros a cada uno de los damnificados.
En esta última parte del juicio, fueron llamados a declarar bajo juramento diez testigos, a uno de los cuales (uno de los despedidos por la Cámara) ambas partes recunciaron a interrogar.
El primero de los testigos fue Gustavo García, uno de los representantes de Deloitte, la consultora contratada por la Cámara de Comercio, a la que aconsejó, según informes, una reestructuración de la plantilla, seguido por un compañero, Enrique de la Villa. Este último explicó que «en ningún momento manejamos datos laborales o de contabilidad. Tampoco nombres de empleados». Por su parte, también compareció el antiguo abogado de la Cámara Enrique Devesa, quien corredactó un informe en el que «quedó constancia de la trama», según el fiscal. Aladro añadió que «la información que la Cámara le facilitó tanto a Deloitte como a Devesa no es la información completa y, curiosamente, las personas despedidas coinciden con los denunciantes de los hechos», concluyó.
