LALÍN. El caos burocrático, el retraso en la tramitación de los procedimientos y mal ambiente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lalín no son nuevos. Comenzaron hace más de un lustro, pero en los últimos meses se han recrudecido tanto estos extremos que los abogados y procuradores, así como sus clientes, que, a la postre, son los perjudicados, no salen de su asombro ante las esperpénticas situaciones que se viven en las dependencias judiciales.
El trasfondo del asunto es conocido porque incluso llegó hasta el Consejo General del Poder Judicial y a todas cuantas instancias judiciales se contabilizan en España, pero nadie tomó cartas en el caso hasta el momento. Se trata del enfrentamiento entre una funcionaria y la secretaria, que el pasado viernes, día 18 de octubre, llegó a tal límite que «case chegan ás mans», según letrados consultados.
Estas fuentes apuntan a que la secretaria quiso hablar con la funcionaria -que la acusa de acoso laboral, a la vez que la primera sostiene que la trabajadora no realiza su labor o la hace mal-. La funcionaria comenzó a alzar la voz y la secretaria cerró la puerta. A continuación, la primera llamó a la Guardia Civil instándole a acudir al Juzgado porque estaba «secuestrada». Una patrulla del instituto armado se personó en el edificio judicial y comprobó que no había tal secuestro, sino una pelea que a punto estuvo de trascender lo meramente verbal. Al parecer, según afirmó una letrada, la Guardia Civil instó a la funcionaria a presentar una denuncia si así lo creía conveniente (sería la enésima porque ha formulado al menos siete, en lo que se refiere solo a las comunicadas al instituto armado).
Lejos de constituir un episodio aislado, en la particular guerra que se vive a diario en el Juzgado 1 de Lalín se contabilizan discusiones y gritos que se escuchan en todo el edificio «delante de los profesionales de la Justicia, pero también de nuestros clientes», apuntó ayer otro abogado, que calificó la situación de «escandalosa y deplorable».
«Huelga encubierta»
Pero las peores consecuencias de este conflicto laboral recaen en los abogados, procuradores y clientes. Y es que la funcionaria en cuestión mantiene una «huelga encubierta», aseguran varios abogados, y se ha negado a realizar las notificaciones por vía telemática, a través de la herramienta Lexnet. Tampoco las efectúa por ningún otro medio y se ha tenido que ocupar de esta tarea una agente, que no da abasto porque además hay que sumar a esta situación la baja de otro funcionario.
La trabajadora, que sostiene que sufre un acoso laboral permanente y a la que han defendido la Asociación Galega contra el Acoso Moral en el Trabajo y los sindicatos CIG y CC OO, remite a todos los abogados y procuradores «a hablar con la secretaria».
A raíz del supuesto mobbing que sufre, la funcionaria comunicó a los letrados que solo trabajaría «según el reglamento» cuando, señalan los abogados consultados, «antes era una excelente profesional».
Al límite
Así las cosas, los abogados y muchos de sus clientes se encuentran al límite. En ocasiones, la falta de las correspondientes notificaciones conlleva que desconozcan hasta los documentos, expedientes y pruebas que obran en los propios procedimientos en los que están personados. Según relatan, hay demandas presentadas in incoar desde hace más de medio año, procedimientos parados cuando han transcurrido siete u ocho meses desde su apertura, y es frecuente que se suspendan juicios porque «siempre» falta alguna parte por citar. Esto genera, además de malestar, gastos adicionales para los clientes.
El caos es de tal proporción que abogados y procuradores afirman que, sencillamente, el Juzgado está colapsado por un conflicto que la Dirección Xeral de Xustiza «non quere resolver». El Servizo de Persoal de Xustiza de la Xunta respondió recientemente ante una denuncia de la funcionaria presuntamente acosada que el presunto mobbing «no es de su competencia».
