La huelga deja en tierra el martes a miles de usuarios de bus en Pontevedra

Trabajadores y empresas incumplieron los servicios mínimos dictados por la Xunta, incluidos los de transporte escolar ►El parón afectó a las líneas regulares que conectan Pontevedra con concellos limítrofes y a las líneas interurbanas
Gente esperando en la estación de autobuses
photo_camera Gente esperando en la estación de autobuses

Miles de usuarios se vieron afectados este martes por la huelga en el transporte público de viajeros por carretera. La convocatoria realizada por los sindicatos superó todas las expectativas, hasta el punto de que, salvo casos contados, los autocares de las distintas concesionarias que operan en el municipio permanecieron aparcados durante toda la jornada, tanto en la propia terminal como en los garajes particulares de las empresas.

Los servicios mínimos no se cumplieron. La Administración exigía el funcionamiento del 40% de las líneas regulares y del 100% de las de transporte escolar, pero ambos porcentajes se quedaron muy por encima de la actividad real. De las líneas regulares, tan solo salieron exentos el 50% de los trayectos de largo recorrido como, por ejemplo, el de un autobús procedente de Algeciras que pudo hacer parada en Pontevedra y otro que partió a primera hora de la tarde hacia San Sebastián.

Las conexiones con los concellos limítrofes y con las grandes urbes gallegas, como Vigo, Santiago y A Coruña, se vieron afectadas en bloque por la huelga, así como los autobuses que preveían circular hasta Marín y las playas. Ninguno llegó a arrancar, al igual que la flota de buses que comunican la urbe con el populoso barrio de Monte Porreiro.

La huelga se hizo notar desde primera hora. De hecho, entre las 00.00 y las 08.30 horas estaba prevista la salida de 107 líneas establecidas como servicios mínimos a nivel de la provincia, de las que únicamente partieron 28. A nivel del transporte escolar, otro tanto de lo mismo. Fuentes consultadas aseguran que en el área de la comarca solo se respetaron los servicios mínimos establecidos en el área de Ponte Caldelas, algo que coincide con la versión oficial. Según concretaron responsables de la Consellería de Transporte, las concesionarias incumplieron el 76% de los servicios mínimos estipulados a nivel provincial para el transporte escolar, afectando a cerca de 28.000 alumnos.

La Xunta constata que no funcionaron el 76% de los servicios mínimos de transporte escolar, afectando a 28.000 alumnos

QUEJAS. El parón cogió por sorpresa a cientos de usuarios, que se enteraron de la convocatoria de huelga sobre la marcha. Algunos conocieron la noticia al pie de la marquesina, tras esperar varios minutos por el autobús y comprobar que el transporte no llegaba. Otros se toparon con el paro en la propia terminal, donde se vieron abocados a cambiar de planes, con el consecuente enfado. Hubo quienes pudieron recurrir al tren, pero muchos otros se vieron obligados a solicitar ayuda a familiares y allegados o a solicitar un taxi en la parada de la estación, donde los autopatronos percibieron "un leve repunte" en la actividad.

Los usuarios afectados arrojaron críticas por la falta de información, sobre todo en el caso de los clientes que habían adquirido el billete en la víspera o que habían consultado los horarios esa misma mañana por Internet. Pese a todo, fue una jornada sin incidentes reseñables. Los sindicatos aseguraron que los piquetes informativos se desarrollaron "de forma pacífica" y "sin ningún momento de tensión", según indicó Enrique González, miembro de UGT. Tan solo uno de los autobuses fue escoltado por la Guardia Civil a primera hora para transportar a un grupo de funcionarios a la prisión de A Lama.

RECLAMACIONES. El éxito de la huelga se debe, en gran parte, a que tanto la clase obrera como la patronal comparten su oposición al plan de transporte que ha diseñado la Xunta de Galicia. La Administración autonómica ha reordenado las líneas cuyas concesionarias han renunciado al servicio y la propuesta resultante no convence a ninguna de las partes. En el caso concreto de Pontevedra, la Administración autonómica ha sacado a concurso cuatro contratos que comprenden 65 líneas que conectan el municipio con los ayuntamientos cercanos. El principal escollo reside en que la mayor parte son líneas integradas, es decir, que compaginan el transporte escolar con el de viajeros al uso, y que las previsiones de gasto no coinciden con los cálculos que realizan las empresas.

El portavoz de CC OO, José Luis García Pedrosa, añade que el Ejecutivo gallego ha puesto sobre la mesa "una modificación sustancial en las concesiones" y que ha reducido "la cuantía económica" destinada al transporte escolar. Como consecuencia, el sindicalista advierte de que los cambios pueden implicar "la pérdida de 1.000 puestos de trabajo en Galicia", la conversión de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial y el pago de salarios de entre 500 y 600 euros. "Es un retroceso brutal en las condiciones del trabajo. Además, con la reordenación que proponen, algunas concesionarias actuales que son pequeñas y que tienen cuatro o cinco autobuses no pueden optar a los contratos".

El presidente de la Federación Galega de Servizos de Transporte en Autobús y gerente de Autocares Rías Baixas (adjudicataria de la línea de Monte Porreiro), Aurelio Cuíña, afirma que las compañías no están a favor de la huelga, pero que sí entienden las reclamaciones de empleados y sindicatos. Según añade, el plan de transporte "es un desastre" que, si no es objeto de correciones, puede provocar "el cierre de empresas y el despido de trabajadores". "Hay líneas que presentan déficits de entre 400.000 y 500.000 euros anuales y que hacen inviable la contratación de personal". Además, a su juicio la conversión del transporte escolar en líneas regulares está abocada al fracaso. "Ya se hizo hace unos años y no funcionó, porque originaba problemas de horarios y de otro tipo. Lo que proponen en realidad es un recorte del servicio".

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