La juez anuncia multas para Sobral si no revierte el realojo de Caritel

No funcionaron los recursos que el Concello de Poio presentó para defender la tramitación iniciada para desandar lo andado en el realojo de las familias de O Vao en Caritel.

El alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez, anunció ayer que la jueza de el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra ha dictado una nueva providencia que requiere nuevamente al Concello de Poio para que proceda al desalojo de las viviendas de Caritel tal y como se le ordenaba en providencia dictada el 16 de marzo de 2011. Rodríguez señala que por primera vez, este requerimiento le apercibe (avisa) de que se le impondrán multas de 600 euros por cada mes de retraso en ese desalojo. Además se le apercibe de incurrir en el delito de desobediencia, otra actitud sacionada hasta con 1.500 euros reiterables hasta la ejecución del fallo.

Rodríguez, quien ya ha explicado en varias ocasiones que Poio ha tenido desde mediados de 2010 para ejecutar la sentencia, censuró duramente la actitud de su homólogo poiense, Luciano Sobral, al entender que está demostrando ''dejadez y falta de respeto por la Justicia''.

Advierte además que las excusas públicas de Sobral son ''falsas'', puesto que ''solo pretende distraer la atención''. 

''Es lamentable que el alcalde de Poio mantenga una reunión con una de las familias en el Concello de Poio y no les requiera formalmente que tienen que desalojar las viviendas y por el contrario remita notificaciones al Concello de Ponte Caldelas para que se publiquen en el tablón de anuncios porque dice que ignora el paradero de esas familias'', denuncia Rodríguez, que sostiene que no existe más excusa para la dilación en el cumplimiento de este fallo judicial que la falta de voluntad de Luciano Sobral para cumplir con lo resuelto por los tribunales . Tras varias manifestaciones populares y sin conseguir solventar el asunto de los realojos por la vía del diálogo institucional, el Concello de Ponte Caldelas inició un contencioso con el de Poio por la extraterritorialidad de la actuación del realojo. Es decir, reclamó al municipio vecino que dispensase los servicios sociales en su territorio y no en el de Ponte Caldelas, como así se entiende que hacía al desplazar a dos familias para las que previamente había comprado una casa de dos plantas a Caritel.

La sentencia definitiva, que da la razón a Ponte Caldelas, llegó en septiembre del año pasado y entonces ambos alcaldes iniciaron conversaciones para dar una solución al cumplimiento de la misma sin hacer menoscabo de los intereses de la familia afectadas. La falta de respuesta de Luciano Sobral llevó a Rodríguez a requerir al juzgado el cumplimiento del fallo en marzo.


Sobral

El alcalde de Poio, Luciano Sobral, explicó que el abogado y el asesor jurídico del Concello se reunirán hoy con la jueza que lleva el caso para volver a explicarle los pasos que se han dado hasta el momento y para conocer el tiempo del que dispone para desalojar a la familia de Caritel, pues afirmó que desconoce este plazo.

Sobral precisó que por ahora no ha recibido el nuevo apercibimiento. Aún así, manifestó que ''non vou incurrir en desobediencia e o desafiuzamento resolverase tan pronto como indique a xuíza''.

Según el regidor municipal, ''polo de agora, o Concello de Poio non conseguíu atopar ningunha alternativa para o realoxo da familia de Miguel Montoya. En todo caso, se a xustiza indica que debemos desaloxalos inmediatamente de Caritel, supoño que non quedará máis remedio que que regresen ó Vao á vivenda dalgún familiar. O que está claro é que non vou incurrir en desobediencia''.

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