La jueza que investiga a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, ha archivado la pieza separada que abrió en octubre sobre los policías que integraban la comisión judicial que puso en marcha el anterior magistrado, al no apreciar la comisión de ningún delito en la custodia de documentos.
En un auto del 6 de noviembre al que ha tenido acceso Efe, la jueza María del Pilar Martínez Gamo sobresee la pieza separada número 7 del caso Nicolás "al no aparecer suficientemente justificada la perpetración del delito" y levanta el secreto de estas actuaciones.
Recuerda que dicha pieza se abrió en octubre en virtud de un oficio de la Policía al que acompañaba un lápiz de memoria que tenía imágenes de las cámaras de seguridad de la entrada al inmueble donde estaban los despachos que tenían asignados los miembros de la ya disuelta comisión judicial que nombró el anterior magistrado instructor. En las imágenes se veía que entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre se ve a los funcionarios sacar numeroso material incluso por la noche.
Los investigados "dieron una versión coherente y razonable de lo ocurrido, sin contradicciones ni relevantes discordancias, sin que la prueba testifical aporte indicio alguno de comisión delictiva"
Por eso la jueza citó como investigados a los siete agentes que integraban la comisión judicial, así como a una funcionaria que trabajaba en el mismo inmueble en calidad de testigo, y los investigados "dieron una versión coherente y razonable de lo ocurrido, sin contradicciones ni relevantes discordancias, sin que la prueba testifical aporte indicio alguno de comisión delictiva", explica el auto.
La comisión judicial del caso pequeño Nicolás fue disuelta en julio por esta magistrada argumentando que ya se había practicado "una compleja y exhaustiva investigación las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho", y tras rechazar las nueve diligencias que la comisión le había presentado apenas dos días antes.
Con esta decisión y otras más acordadas en julio la jueza dio un vuelco al criterio de la investigación, completamente diferente al del juez Zamarriego (trasladado a la Audiencia Provincial), al apartar a los policías que habían llevado el peso de la investigación. Desde su creación, varias partes del procedimiento pusieron en entredicho el papel de la comisión judicial a la que acusaron de convertir el caso en una "guerra policial" al pedir, entre otros, imputar, al ex número dos de la Policía, Eugenio Pino.
