Veinticinco consultas. Más de cinco casos por cada día de atención. Este es el saldo del primer mes de funcionamiento del servicio integral de atención jurídica puesto en marcha por el Concello de Ponte Caldelas tras el cierre del CIM a finales de 2016. El tripartito dio a conocer este lunes los resultados de los primeros 30 días de funcionamiento valorando muy positivamente la cifra de consultas alcanzada por la nueva abogada y la amplitud temática de su trabajo, puesto que, lejos de abordar temas exclusivos de la mujer y la igualdad, el rango de atención se abrió a todo tipo de problemáticas.
El Gobierno local, integrado por PSdeG, AVP y BNG, recuerda a los vecinos que es necesario pedir cita previa para poder acudir a estas oficinas, de modo que será más fácil rentabilizar la presencia de la asesora (un día por semana). El equipo de Andrés Díaz recuerda también que la violencia machista es el objetivo prioritario de este servicio, motivo por el que el alcalde reiteró a la responsable del asesoramiento jurídico la importancia de esta faceta. La jurista se ofreció, incluso, a "atender calquera urxencia que se presente", en palabras del propio Gobierno local.
Al abrir el abanico de temas se han registrado todo tipo de casos, incluida la denuncia de una comunidad de aguas contra uno de sus socios
Con respecto a este ámbito, las consultas que se atendieron tienen relación con casos específicos, que abarcan desde las fases del proceso de separación hasta las medidas de protección activa de mujeres que son víctimas de violencia machista. Aunque se ofrecen datos concretos en el balance del Gobierno local, no existe una cifra total de consultas respecto a las 25 cifradas en total. Con respecto a estas situaciones, el equipo de Andrés Díaz apunta también que no se ha producido ningún caso nuevo de violencia sobre la mujer.
Según se puede desprender del comunicado, la mayoría de los asuntos atendidos tuvo que ver con otros ámbitos. Así, se produjeron hasta cinco consultas relacionadas con reclamaciones de consumo de productos bancarios o financieros; otras peticiones estaban relacionadas con las pensiones Risga, renovaciones de pasaporte, la posibilidad de retirar del testamento a los hijos que no cuidan de sus padres, o, incluso la denuncia de una comunidad de aguas contra uno de sus socios.
