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La letrada de Besteiro afea a De Lara que impute a tres empleados que declararon como testigos

La jueza toma declaración a los últimos tres investigados: el que fue secretario de la Diputación y actual vicesecretario, la interventora y un hombre que estuvo contratado como asesor para fondos europeos

Esperanza Ferreiro, la abogada de exsecretario general del PSdeG y expresidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, ha cuestionado este jueves la actuación de la jueza que instruye la operación Pulpo, Pilar de Lara.

En concreto, se ha referido a las declaraciones que tendrán lugar a lo largo de esta jornada de tres trabajadores de la institución provincial en calidad de investigados, cuando en el pasado comparecieron ante la magistrada como testigos.

Y es que la operación Pulpo arrancó en 2013 como un supuesto caso de acoso laboral en el Pazo de San Marcos, pero, a raíz de unos anónimos, De Lara decidió ampliar las diligencias al detectar "irregularidades" en la gestión del programa Km0 y adjudicaciones "ilícitas".

Así, cambió la calificación de dos funcionarios y un técnico que este jueves pasarán por la sala de interrogatorios en calidad de investigados e impuso esa misma condición al propio Besteiro y a la que fuera su jefa de comunicación y al empresario del transporte de pasajeros Raúl López.

CAMBIOS "CURIOSOS". Todas estas circunstancias resultan "curiosas" a Esperanza Ferreiro, pues, como ha explicado a los periodistas congregados frente a los juzgados de Lugo, "cuando se presta declaración como testigo y se ve un indicio de comisión de delito por su parte, tienes que parar en ese momento la declaración y tomársela como investigado".

De este modo, la persona afectada dispondrá del derecho a contar con un abogado que le asista cuando preste testimonio, en caso de que decida hacerlo; y ya no se verá obligado a respetar la verdad, como ocurre en el caso de los testigos.

DECLARACIONES. En la jornada de este jueves, el primero en acudir a los juzgados fue José Antonio Mourelle Cillero, secretario adjunto de la Diputación de Lugo, que tras su imputación renunció a seguir ejerciendo también como secretario del ayuntamiento de la capital de provincia.

También deberán presentarse en la sede judicial la interventora de la Diputación, Rosa A.F.; y quien fuera asesor de fondos europeos en la misma institución, José Enrique R.C.

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