La mayoría de autonomías no duda en mantener la subvención pública de colegios privados que educan de forma separada por sexos, tras conocerse sendas sentencias del Supremo que avalan que se denegara el concierto a dos centros de Cantabria y uno de Andalucía debido a este tipo de escolarización.
En general, las partidarias de seguir con los conciertos aducen que las sentencias son sobre casos de otras regiones, la libertad de elección de modelo educativo y que se financian principalmente centros que matriculan ambos sexos, aunque sea en aulas diferentes.
El Supremo menciona los artículos 27.9 de la Constitución ("los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca") y el 84.3 de la Ley Orgánica de Educación, sobre la admisión en centros públicos y concertados:
"En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Una de las sentencias se refiere a los colegios Torrevelo, de niños, y Peñalabra, de niñas, a los que Cantabria denegó en 2009 -cuando gobernaban PRC y PSOE- la concesión y la renovación, según el caso, del concierto.
Ahora conforman una sola unidad administrativa y han sido incluidos en la orden de conciertos del curso 2012-2013, ya que cumple los requisitos, según el Gobierno regional (PP).
Por el contrario, la consejera andaluza, Mar Moreno, descarta que los centros de este tipo de la comunidad mantengan los conciertos en el curso 2012-2013 (la renovación es en enero próximo), al amparo de la sentencia sobre el colegio de Elcható, de Brenes (Sevilla).
Según datos de las consejerías de educación recabados por Efe, están concertados más de 60 de estos centros en España: en Cataluña (16), Andalucía (12), Madrid (8), Comunidad Valenciana (7), País Vasco (5), Galicia (5), Castilla y León (2), Navarra (2), Asturias (2) Murcia (2), La Rioja (1) y Cantabria (1).
De éstos, 24 pertenecen al grupo Fomento de Centros de Enseñanza, vinculado al Opus Dei, incluidos los dos cántabros citados.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha apuntado que se explicitaría por ley que la enseñanza diferenciada no tiene por qué ser segregadora en "determinadas condiciones", de tal forma que pueda ser concertada.
Por su parte, el director general de Fomento de Centros de Enseñanza, Joan Curcó, espera que el Tribunal Constitucional zanje el asunto, pues la legislación puede modificarse cada vez que cambia el Gobierno.
Según Curcó, hay contradicción en el Supremo porque sí "reconoce la legitimidad" de este tipo de educación.
"Si nuestro modelo es legítimo y, por tanto, no discrimina -apostilla-, tenemos que tener los mismos derechos".
