Los principales grupos de la oposición y las centrales sindicales han reclamado el cese de la directora general de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez Dacosta, y del alcalde de Ourense, Agustín Fernández, tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula 41 puestos de trabajo contratados al día siguiente de que Fernández tomase el bastón de mando de la ciudad.
El sindicato CSIF, impulsor del recurso contra la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, asegura en un comunicado que esta sentencia da la razón a su denuncia por supuestas irregularidades en las políticas de contratación.
El TSXG estimó "en parte" el recurso presentado contra el acuerdo de la junta de gobierno del 16 de mayo de 2012, por el que se anulan de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento un total de 41 de estos contratos, algunos de ellos relativos a personal eventual y de libre designación, y ello por la "falta de motivación" de los mismos. También comunica que la sentencia "reconoce que la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ourense para 2012 consta de graves irregularidades y "no fueron debidamente justificados" para "no tener que negociar con los representantes de los trabajadores" y exigen "una RPT con una verdadera negociación, que solucione las necesidades de funcionamiento y gestión que demanda el Ayuntamiento" frente al "clientelismo" habido en estos últimos años en el consistorio.
Por su parte, el secretario de la sección sindical de la CIG en el ayuntamiento, Javier Gago, ha añadido que el fallo muestra que no se han hecho las cosas" como se debían de hacer" por lo que acusa al ayuntamiento de "estar pagando las consecuencias de su propia ineptitud".
En clave política, el portavoz del PP de Ourense, Rosendo Fernández, quien ha acusado al alcalde Agustín Fernández de "no dar la cara ante un hecho de este calibre", se refirió a la tardanza en conocer el contenido de la sentencia que afecta a la Relación de Puestos de Trabajo, y que fue notificada el 3 julio al Ayuntamiento.
Tras acusar al grupo de gobierno de no haberles informado antes de la aprobación de presupuestos, Fernández criticó que PSOE y BNG denegasen una de sus enmiendas, "en la que pedíamos elaborar una nueva RPT y lo que es más grave, siendo conocedor el equipo de gobierno de esta sentencia demoledora".
El PP ha presentado "por registro un certificado" a fin de saber si se tenía conocimiento de esta sentencia antes del pleno extraordinario de presupuestos, tras asegurar que en caso afirmativo supondría que el gobierno "ocultó esta sentencia".
Además, ha solicitado la convocatoria de la junta de portavoces "para que se nos informe de forma inmediata de las acciones que se van a tomar al respecto".
El objeto de dicha junta es conocer "qué va a pasar con los puestos de trabajo, con los trabajadores, con las áreas y los servicios".
La oposición pide la dimisión de Aguistín Fernández y la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento
