Factoría Naval de Marín carece de cualquier posibilidad de salir adelante por sus propios medios ante la enorme deuda que acumula, cifrada por CC OO en más de 44 millones de euros, y la ausencia total de carga de trabajo. La única alternativa que ven sus actuales propietarios y el administrador concursal que la gestiona en este momento (la empresa está en concurso de acreedores desde el mes de julio) es concretar una posible venta de aquí a mediados de diciembre.
El comité de empresa y los sindicatos CC OO y UGT desvelaron ayer que hay tres posibles candidatos a quedarse con las instalaciones del astillero, aunque todavía desconocen quiénes son. En esta tesitura, la reclamación de los trabajadores es una intervención decidida de la Xunta de Galicia para condicionar la operación de venta al mantenimiento del empleo.
«Neste proceso é clave que se manteñan todos os postos de traballo, xa que falamos de 21 persoas, que é unha cantidade mínima e básica que ten que ser asumida na súa totalidade pola empresa que compre Factoría Naval», señaló el secretario comarcal del sindicato CC OO, José Luis García Pedrosa.
En esta línea, resaltó que «ninguén pode esquecer que no anterior concurso de acredores do estaleiro a Xunta achegou en diñeiro líquido 17 millóns de euros para garantir a súa continuidade, e non falamos de avais, falamos dunha inxección económica directa», matizando luego que «non pode ser que este esforzo feito con cartos públicos se traduza nunha operación de venta da que sairían beneficiados os actuais propietarios mentres se abandona a súa sorte aos traballadores».
García Pedrosa concluyó que «a Xunta non pode permanecer allea a este proceso de venta do estaleiro e, polo tanto, deberá ser quen de garantir a conservación dos empregos dos 21 traballadores que quedan despois de quedar no camiño outros 42».
Sin prestaciones
Lourdes Diz, de UGT, por su parte, incidió en que «non solicitamos, senón que esiximos que os traballadores, que puxeron todo da súa parte, tragando un ERE moi duro e pelexado, no que quedaron atrás moitos compañeiros, teñan algo que dicir sobre cal é a proposta máis axeitada para o futuro da empresa».
Además, recordó que estos 21 trabajadores, para los que se inició un nuevo ERE temporal de seis meses el pasado día 1, «están a punto de rematar as súas prestacións, polo que en caso de que o comprador pense en reducir o plantel ou en usar a operación para sacar outro tipo de beneficios, quedarían nunha situación de debilidade absoluta».
Con esta situación sobre la mesa, de la que han sido informados por el administrador concursal, sindicatos y comité de empresa se reunirán la próxima semana con el director del Igape e intentarán concretar una entrevista con el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, para que en la operación de venta se tenga en cuenta como exigencia ineludible el mantenimiento de la actual plantilla.
El astillero dispone de tres ofertas no vinculantes que tendrían que formalizarse el 14 de diciembre, siguiendo los pasos establecidos por el administrador concursal. Además, el personal tiene la previsión de que las propuestas de compra sean dadas a conocer a partir del día 19 y desde ese momento se procederá al estudio de cada una de ellas para decidir la más adecuada.
Desde junio
El consejo de administración de la empresa presentó a principios de junio pasado en el Juzgado Mercantil de Pontevedra un preconcurso de acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo con las entidades financieras implicadas en el plan de viabilidad que tenía vigente que garantizase el futuro de la actividad.
En aquel momento ya anunciaba las enormes dificultades para llegar a algún acuerdo con los bancos tras las negociaciones realizadas desde diciembre del año pasado. Posteriormente, un mes más tarde, decidió instar el concurso de acreedores voluntario, en el que se encuentra actualmente.
Cronología de la crisis desde enero de 2010
Factoría Naval vive una profunda crisis desde principios del año 2010. El 18 de febrero presentó su primer preconcurso de acreedores, con una deuda estimada de 57 millones de euros, que en junio se convirtió en concurso y un mes después se cerró con la firma de un acuerdo que frenó la liquidación de la empresa, gracias a que los acreedores asumieron una quita del 33 por ciento del dinero.
Sin embargo, en diciembre de 2011 volvió a instar un preconcurso por insolvencia económica, logrando salir de la situación en abril del año siguiente, con un nuevo acuerdo entre las entidades financieras, los acreedores y la Xunta de Galicia.
Las deudas
Las dificultades económicas obligaron a prorrogar el pacto en mayo y a sellar uno nuevo en septiembre, con una aportación de casi 16 millones de euros adicionales a las ayudas y la financiación anterior. En diciembre de 2012 los acreedores cobraron sus últimas deudas.
Finalmente, a principios de junio de este año la dirección de la empresa presentó un nuevo preconcurso, que convirtió en concurso un mes más tarde debido a la falta de acuerdo con los acreedores, fundamentalmente las entidades financieras a las que ya resultaba imposible abonar sus derechos.
