El anuncio de una familia a través de las redes sociales de que posiblemente sería deshauciada por el impago de las cuotas de una propiedad en la urbanización del Agro de Lalín de Arriba hizo saltar las alarmas y arreciaron las críticas sobre el que en su momento se proyectó como el gran balcón de Lalín.
Esta urbanización se llevó a cabo en los últimos años previos a la crisis, cuando el Gobierno municipal tenía prevista la construcción de 285 nuevas viviendas. En este momento, los propietarios de los terrenos tuvieron que enfrentarse a un fuerte desembolso económico, unos interesados y otros obligados, como señalan desde el Gobierno actual. Con el inicio de la recesión económica, muchos de los propietarios no pudieron hacer frente a las cuotas con los consiguientes intereses.
Por ello, a día de hoy la urbanización del Agro de Lalín de Arriba arrastra una deuda de más de 600.000 euros, de los cuales más de 200.000 son sólo intereses.
El teniente de alcalde, Nicolás González Casares, apunta que en total, son doce los propietarios que están endeudados, y en algún caso, como el vecino que lo anunció por las redes sociales, podría ser embargado.
"Hai algúns casos nos que a débeda é incobrable, porque teñen unha carga hipotecaria superior ao embargo, e o que prima é a hipoteca", asegura González Casares.
La concejala Teresa Varela, por su parte, explicó que el Organismo Autónomo de Xestión de Recursos Locais de Lalín (ORAL) fue quien llevó a cabo el tema de la recaudación. Sin embargo, el tema de los impagos "é algo que xa ven desde o ano 2009", afirma Varela, por lo que la ORAL transfirió a la Agencia Tributaria el tema para que no prescribiera, quien a su vez lanzó el embargo.
"A urbanización de Lalín de Arriba, no feito no que foi concedida, nunca se debeu ter feito. O PP cría que Lalín ía medrar ata Santiago. Había moitos propietarios que se opoñían a que se fixera esta urbanización. O Goberno non mesurou ben o que aquelo supoñía e xusto nos anos anteriores á crise", manifestó González Casares, que añadió que "hai unha serie de propietarios que entraron nese xogo, pero outros non querían e víronse damnificados". Por su parte, Varela indicó que "non é normal que se faga unha urbanización á forza e que haxa perxudicados".
