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La Valedora destaca el aumento de quejas en administraciones públicas

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, entrega al presidente del Parlamento, Miguel Santalices
La Valedora do Pobo, Milagros Otero, entrega al presidente del Parlamento, Miguel Santalices
La mayor parte de las reclamaciones ciudadanas tuvieron que ver con los sistemas se salud, educación y empleo público

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, destacó este lunes el aumento de quejas recibidas el año pasado, entre ellas de los sistemas de salud, educación y empleo público, y atribuyó esa situación a las consecuencias de la crisis.

Otero entregó al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el informe relativo a la actividad de esa institución de mediación entre los ciudadanos y los poderes públicos y a continuación explicó algunas de sus preocupaciones en una conferencia de prensa.

Así, cifró en 74.927 personas que presentaron quejas en 2016 ante la Valedora, subrayó que eso supone 25.418 más que el año anterior y atribuyó esa circunstancia a que "la crisis económica produce más problemas", especialmente en los servicios que ofrece las administraciones públicas ante la reducción de sus recursos.

Otero consideró "necesario mejorar los problemas de las listas de espera" de pacientes que aguarden una intervención quirúrgica o una consulta con especialistas médicos, así como las cuestiones de "organización" por parte de los centros públicos a los que pide "utilizar criterios de priorización claros y transparentes".

La Valedora exhortó además a que los responsables de salud pública a ofrecer "información clara y veraz cuando se produzca la necesaria reorganización de centros y servicios asistenciales".

Asimismo, alertó de la "necesidad de preservar las prestaciones básicas de los ciudadanos, que no son culpables de ningunas de las circunstancias o medidas" de la Administración y advirtió de que "no deben repercutir" sobre los pacientes las "consecuencias negativas" de la crisis económica.

La Valedora dijo también estar "muy preocupada del aumento de personas en exclusión o con riesgo de exclusión social" ya que observó un "aumento desde el comienzo de la crisis".

Acerca de los procesos de contratación de empleo público, apuntó que hay un mayor número de contrataciones y, como consecuencia de ello, más quejas de los candidatos sobre su evaluación y puntuación.

También indicó que hay un total de 49 quejas sobre las personas "sin techo" en el municipio de Santiago de Compostela, que afectan a un total de 11.000 personas, tras ser preguntada por el hecho de que en el resumen facilitado a los medios de comunicación sobre los principales cuestiones abordadas en su informe de 2016 menciona explícitamente esa institución, pero no otras.

"No hago valoraciones de carácter político", respondió Otero al ser preguntada por el hecho de que mencione al municipio de la capital gallega, tras alegar que "no sería bueno" por su parte "acusar a las que no colaboran", aunque indicó que "no es el Ayuntamiento con más quejas".

La Valedora indicó que ha recibido también diecinueve quejas de municipios por no facilitar información a los miembros de la oposición y exhortó a que los ayuntamientos tomen "conciencia democrática" para "evitar los abusos".

Además, lamentó la actitud de muchas instituciones públicas de no responder a los ciudadanos y recurrir al "silencio administrativo".

Por otra parte, indicó haber llevado a cabo gestiones con las entidades bancarias, pese a no ser de su ámbito, para acabar con determinadas practicas "abusivas" tales como la "cesión de créditos a sociedades gestoras" conocidas coloquialmente como "fondos buitre" y para evitar desahucios, dos cuestiones sobre las que hay un "amplísimo margen de mejora", dijo.

También invitó a la Administración pública a prestar más atención a pensionistas gallegos que no reciben pensiones pese a haber ejercido a en Venezuela o Noruega.

Apuntó por último la necesidad de proteger particularmente a los casos "mas dolorosos" de mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales, personas desempleadas, enfermos con discapacidad, jóvenes, personas mayores o el colectivo de LGTBI, a los que les "resulta más difícil defenderse" o que son "presa fácil para los depredadores de derechos".

La Valedora destaca el aumento de quejas en administraciones públicas
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