El director general de Justicia de la Xunta, Juan José Martín Álvarez, ha abogado hoy por esperar a que el proceso de reforma promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, mantenga las sedes judiciales en las siete ciudades.
En su comparecencia ante una comisión del Parlamento de Galicia, Martín Álvarez ha dicho que tras haber enviado un informe, la Xunta debe esperar a las fases del proceso de tramitación del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Vamos a ponerlo por fases" ha dicho en respuesta a una pregunta del BNG sobre la valoración del Gobierno gallego del proyecto de reforma de organización territorial de la justicia.
El responsable de la Xunta ha explicado que en la actual primera fase de tramitación del anteproyecto, su departamento tramitó un informe enviado al Ministerio de Justicia con alegaciones para mantener los tribunales de instancia en las siete ciudades y sus partidos judiciales. Tras esto, ha considerado necesario esperar a la segunda fase para ver "como va a quedar" cuando sea proyecto y si, tras los cambios y modificaciones, "coincide con lo demandado" por la Xunta.
Después, el Gobierno autonómico dispone es una "tercera fase", en el caso de que la legislación que entre en vigor no tenga en cuenta los intereses de la Xunta, porque podrá enviar una nueva propuesta de demarcación, y "ahí es donde jugamos", ha puntualizado.
La diputada del BNG Tareixa Paz se ha mostrado disconforme con esa actitud alegando que una vez aprobada la legislación y todo quede "bien atado y definido" no habrá posibilidad de modificar nada al respecto. Además, Paz ha pedido a la Xunta defender la totalidad de los partidos judiciales actuales y no solo los correspondientes a las siete ciudades de Galicia.
Por ello ha recomendado a Martin Álvarez que "todos" sean claros para "definir las pretensiones", ya que la postura del texto del anteproyecto como "ámbito territorial" puede generar confusiones si se refiere a núcleos pequeños o al conjunto de una provincia.
Conciliación familiar
En la reunión de la misma comisión, la coalición Alternativa Galega de Esquerda ha preguntado acerca de los datos referidos a trabajadores de la Xunta acogidos a diversas modalidades laborales de conciliación de la vida laboral y familiar.
La directora general de Evaluación y Reforma Administrativa de la Xunta, Natalia Pérez Viso, ha detallado algunos datos sobre trabajadores acogidos a la normativa que establece tres tipos de horarios, que incluyen teletrabajo, flexibilidad por conciliación familiar y flexibilidad automática, en marcha desde enero pasado. Ha precisado que hay 28 teletrabajadores autorizados, 5.795 trabajadores con flexibilidad horaria automática y 458 acogidos al plan de flexibilidad por conciliación. "Un total de 6.253 trabajadores gozan de flexibilidad automática en Galicia en menos de seis meses", ha dicho Pérez Viso. Respecto a las denegaciones a trabajadores a esas modalidades, ha alegado que "no reunían los requisitos" requeridos.
La diputada de AGE Iolanda Díaz ha calificado de "sesgada y parcial" la información y ha pedido un informe específico de "cuántos lo pidieron, en qué departamentos, de qué manera se está haciendo" y de si la iniciativa cumple el "ránking de conciliación laboral". Díaz también ha pedido librar esos datos a los sindicatos y ha considerado que la falta de esa información a los representantes de los trabajadores hace pensar que "las cosas no van bien para la Xunta".
En su turno de replica, Pérez Viso ha rebatido esa afirmación alegando que no hay "impedimento alguno" para obtener estos datos, que la Xunta ha publicado en "reiteradas ocasiones".
