La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, se ha reunido hoy con los representantes sindicales de los empleados públicos para plantearles la posible reducción de la jornada laboral o recortar el cobro por bajas temporales, como medidas de ahorro ante la previsible recesión económica.
En declaraciones posteriores a los medios, Muñoz ha confirmado que, con esta batería de medidas que espera cerrar en quince días, se producirá un ahorro de unos 80 millones de euros en las arcas públicas y servirá para "evitar hacer ajustes en la prestación de servicios públicos fundamentales".
También ha advertido de que "evidentemente no podemos decir que ya no habrá que hacer más ajustes" para los empleados públicos, en función de los datos definitivos de crecimiento para 2012 y los ingresos que va a recibir la Comunidad del Estado.
Por ahora, las medidas que se han planteado a los cuatro sindicatos mayoritarios CIG, CSIF, UGT y CC OO incluyen la reducción del cobro del salario íntegro en la baja temporal, ya que solo se mantendrá, desde el primer día hasta la finalización del máximo legal, en los casos de accidente de trabajo, enfermedad profesional y maternidad.
En el resto de los supuestos, dejará de cobrarse el complemento por incapacidad temporal, ya que la Xunta solo lo abonará a partir del día 21 de baja médica, mientras que la Seguridad Social garantiza el 60 por ciento desde el cuarto día.
En cuanto a las ayudas de acción social también se reducirán, aunque se mantendrá el pago de hasta 180 euros mensuales por cada discapacitado.
Además, el Gobierno gallego podrá decidir la reducción de hasta un tercio de la jornada laboral a interinos y temporales, mientras que se ofrece esta posibilidad de forma voluntaria para los funcionarios y el personal laboral fijo.
Otras de las medidas, son las ya anunciadas por la Xunta de suspender el plus de altos cargos y asimilar los días de libre disposición con la normativa estatal, con lo que pasarán de nueve a seis anuales.
También se establecerá la jubilación forzosa con carácter general a la edad legalmente establecida de 65 años.
Todas estas medidas fueron "puestas encima de la mesa", según la conselleira, en la negociación con los sindicatos, con los que espera "llegar a un consenso". En todo caso, ya ha indicado que se trata de una "negociación rápida" que no se puede demorar y debe estar cerrada en unos quince días.
Muñoz ha destacado la garantía de que "no se van a tocar las retribuciones de los empleados públicos, como hizo el Gobierno central anterior y están haciendo algunas comunidades autónomas", y que estas medidas de eficiencia que propone son "adecuadas a los momentos de crisis que estamos viviendo".
