PONTEVEDRA. Punto y final a la polémica entre las fotógrafas Sandra Dufayel, de Silleda, y Anna Iborra Shelly, de Valencia. La Xunta clausuró hoy la muestra que la primera tenía abierta en la sala de exposiciones de la Delegación Territorial de Pontevedra ante las acusaciones por parte de la segunda de uso indebido de sus imágenes.
«En vista de los últimos acontecimientos, nos pareció que lo más apropiado era clausurar la muestra. Así se lo hicimos saber a Sandra Dufayel, que aseguró que la situación la sobrepasaba y que estaba de acuerdo en retirar las fotografías », aseguraron fuentes de la Delegación de la Xunta. La polémica saltó el pasado lunes en un foro de fotografía en Internet, en el que Iborra aseguraba que Dufayel estaba usando sus fotos con fines lucrativos.
Tras varios intentos infructuosos el pasado martes por parte de Diario de Pontevedra para hablar con la fotógrafa valenciana, que en dicho foro aseguraba que «por el momento» su abogado no le permitía ponerse en contacto con la prensa, hoy por fin enviaba un comunicado por correo electrónico a esta redacción en el que hacía pública su versión sobre el asunto.
La historia
Iborra asegura que «no soy una persona pública» y que «he optado por no manifestarme hasta este momento, a la espera del tratamiento legal que corresponde en estos casos y siguiendo el consejo de mis abogados».
Aunque sí reconoce, como ya lo había hecho Dufayel a este periódico un día antes, que las dos coincidieron en un viaje a África en 2011, puntualiza que «no es cierto que fuéramos amigas, ni tampoco que intercambiáramos nuestras cámaras ni fotos», al contrario de lo que afirmaba la silledense.
«Sandra abandonó el campamento por problemas personales y falta de entendimiento con el resto del equipo», añade.
Anna Iborra explica que en la muestra de Sandra Dufayel hay al menos cinco fotografías de su propiedad y que tiene datos y archivos que lo acreditan y que «están en mi posesión». De hecho, algunas de ellas, dice, son incluso anteriores y posteriores al tiempo que ambas pasaron juntas en África.
La fotógrafa alega que las instantáneas expuestas ya estaban a la venta en Internet desde diciembre de 2011, «por lo que se ha producido un gran prejuicio económico ». «La ley resarcirá el daño causado y confío en que mi caso sirva de ejemplo para la protección a futuro de los derechos de autoría y el trabajo de tantos profesionales que se dejan en ello la vida y el alma», concluye la fotógrafa, que aseguró a este periódico que «no podemos facilitar documentos legales por el momento».
