Las administraciones, desde la Local a la estatal, suelen tener que pagar, cada vez con mayor frecuencia y con cargo al bosillo de todos los contribuyentes, los errores que cometen si, como en este caso, quien los sufre acude a la vía judicial y gana. El Concello de Lalín se ha visto obligado a detraer de las arcas municipales cerca de 23.000 euros como consecuencia de un error cometido en una información urbanística que facilitó de forma errónea al particular que la solicitó.
Los hechos se remontan al anterior mandato del último Gobierno de Xosé Crespo, dado que la denuncia fue interpuesta en el año 2014. Ahora, es el Ejecutivo cuatripartito que dirige Rafa Cuíña el que, en una reunión de la Xunta de Goberno Local, no tuvo más remedio que aprobar el abono de 22.897,53 euros al vecino afectado. Todo ello para cumplir con una sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra. Al nuevo Gobierno no le cabe ni la posibilidad de recurrir.
El pago de la citada cantidad es el fijado en la sentencia 237/2015 que dictó dicho Juzgado con respecto al procedimiento abreviado número 83/2015, iniciado en los tribunales a raíz de que el Concello emitió un informe en el que hacía constar que un determinado camino era público cuando, en realidad, era privado. La finca que compró el particular afectado la adquirió como urbanizable, porque así figuraba en la documentación que le remitió el Concello, pero resultó que cuando quiso ejecutar la edificiación se encontró con que no había comprado un terreno urbanizable, sino uno rústico, colindante con vial de titularidad privada. Por lo tanto, el particular no pudo construir una vivienda, como pretendía, y no pudo hacerlo por culpa de un error administrativo en la información proporcionada por los servicios urbanísticos del Concello de Lalín. Así lo denunció el afectado y así lo reconoce la mencionada sentencia, que obliga a la Administración Local a subsanar el error como responsable patrimonial subsidiaria.
La cantidad que tiene que desembolsar el Concello lalinense corresponde a la diferencia entre lo que pagó el afectado por el terreno como edificable y lo que realmente vale, según la tasación efectuda, como lo que realmente es, una finca rústica en la que no se puede levantar una casa. El Juzgado también le impone al Concello las costas procesales.
