BARRO. "Non haberá feria este domingo en Barro". "El domingo sí habrá feria en Barro". Las dos frases no pueden ser más contrapuestas. Una es la negación de la otra, y, por sorprendente que parezca, los dos mensajes están llegando a la opinión pública al mismo tiempo en las 48 horas anteriores a la celebración (o primer día de ausencia) de este evento sin que los particulares sepan a cuál de las dos partes creer.
La asociación de vendedores que dice aglutinar al 95 % de los ambulantes que participan en este mercadillo afirmó hoy que no han recibido aviso por escrito de que se anuló la feria, motivo por el que anuncian que sí la habrá. Afirma su portavoz, Miguel Valverde, que no están los tiempos como para tirar el trabajo y que los ambulantes no renunciarán a esta cita que mueve a un gran número de clientes en la comarca de Pontevedra.
El alcalde de Barro, José Antonio Landín, fue el que confirmó hace dos días el fin del evento. El contrato con la concesionaria expiró sin que esta pagase ni uno solo de los años de concesión y la Corporación acordó por unanimidad disolver el acuerdo, anular el evento y convocar un nuevo concurso de adjudicación corrigiendo el pliego. Para ello, la feria se debe suspender hasta que se renueve la concesión.
Sin embargo, los ambulantes dicen que no harán caso de la nueva orden. "Si se nos hubiese comunicado por escrito por la vía judicial podríamos reclamar, pero no ha sido así".
El alcalde, insistió en que "non haberá feira. Acabouse a concesión. Ao que se instale, pediráselle o desaloxo. Temos a potestade de chamar ás forzas do orde".
Barro no dispone de Policía Local, pero sería la Guarda Civil o la Policía Nacional la encargada de comunicar el desalojo a los vendedores, si finalmente se atreven a cumplir su amenaza de presentarse en la feria.
La asociación denominada Plataforma Gallega de Vendedores Ambulantes cargó contra el alcalde y la empresa Rías Lachán por no entenderse y perjudicar al colectivo. Estos feriantes habrían pagado cuotas de 15 euros mensuales a los intermediarios, ignorando, no se sabe si deliveradamente, que la empresa concesionaria no había efectuado ninguno de los pagos comprometidos al Concello. La concesión se fijó con un canon de 12.000 euros anuales a cobrar a partir del segundo año, pero sigue en la vía ejecutiva del organismo recaudatorio de la Deputación (Oral). El alcalde insistió y dejó muy claro que no quería polémicas y que la feria está tajantemente anulada. "Non quero darlle máis voltas. Está todo comunicado e ben comunicado", concluyó.
La asociación insistió en que defenderá este evento, incluso con palos, si la concesión cambia de manos: "La asociación no consentirá la vuelta a la feria de cualquier otra asociación o colectivo vuelva a la feria, estando dispuestos para ello a recibir palos o a darlos, para defender nuestro sector como el del Naval".
