Las dos familias gitanas realojadas por el Concello de Poio en Caritel, Ponte Caldelas, se han pronunciado ayer por primera vez de modo oficial desde que se sabe que un juzgado de Pontevedra ha declarado ilegales los realojos.
Lo hicieron en la puerta de su casa, en A Carballeira, en donde la Asociación Pueblo Gitano convocó una rueda de prensa para decir que los realojados no son partidarios de que se recurra la sentencia y que Poio debe asumir su responsabilidad y ofrecer una nueva solución a los realojados, dentro del municipio, y en una zona en condiciones: ni en el poblado de transición -en la zona donde hay dos casas que habitan las tres familias que se fueron de Monte Porreiro-, ni de nuevo en O Vao.
Si el alcalde de Poio no constituye una comisión para trabajar con urgencia en el asunto y llama a las familias, que, por cierto, aún no han sido informadas más que por la prensa del resultado del contencioso, se declararán en huelga de hambre, tanto los dos cabezas de familia: Miguel Montoya y Mariano Silva, como el presidente de Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, que ayer se autoproclamó el único interlocuror válido en las negociaciones con los afectados, afirmando que éstos no serán representados más por la otra asociación caló: Secretariado Gitano, a la que acusan de no estar capacitada para hacer un seguimiento de la inserción social de las familias.
En una de las pocas ocasiones en las que Miguel Montoya y Mariano Silva comparecieron juntos en todo este proceso, no faltaron las preguntas sobre las penurias que les ha generado en este año la convivencia con el rechazo.
«No son todos los vecinos, sino unas cuántas familias las que no nos aceptan, pero en las manifestaciones hacen de todo, traen un carro con altavoces, montan jaleo, ...nos amargan», explicó Mariano, quien considera que toda esta presión está agravando una enfermedad que padece su mujer «y nos obliga a estar ingresados, cada dos días» y dice que está harto «de vivir amargado por las protestas».
