Una reclamación histórica

Lores urge una reunión a la Xunta para rescatar la ampliación de Montecelo

El alcalde remite una carta al conselleiro de Sanidade quejándose de los recortes y le advierte del "deterioro de instalacións centenarias" como el Provincial
El Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) realiza reformas para modernizar su servicio de Urxencias en Montecelo, que acabarán este mes
photo_camera El Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) realiza reformas para modernizar su servicio de Urxencias en Montecelo, que acabarán este mes

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, urge una reunión con la Xunta para que se replantee el futuro del hospital único, descarte la opción de Monte Carrasco y apueste por el proyecto para ampliar Montecelo. El regidor nacionalista remitió el pasado jueves una carta al nuevo conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, quejándose de los recortes sanitarios y reclamándole una entrevista para hablar de la reunificación de hospitales en la capital provincial. 

"A cidade de Pontevedra está especialmente preocupada pola deriva que a sanidade pública está a levar na área sanitaria Norte da provincia, polo que me gustaría solicitarche unha entrevista para abordar as decisións estratéxicas que porá en marcha o teu departamento", expone Lores en la misiva. En ella también se hace eco de los recortes de la Xunta en materia sanitaria como, por ejemplo, "a derivación de pacientes a outras áreas sanitarias en determinadas especialidades que se atendían na provincia; a redución de camas; a redución de persoal sanitarios; ou o deterioro de instalacións centenarias como o Hospital Provincial".   

El regidor nacionalista recuerda a Almuíña que la optimización de recursos en la Administración pública "non ten por que estar enfrontada coa prestación de servizos básicos e esenciais para a poboación coas melloras e garantías sanitarias". 

La comunicación de Lores se envió al Ejecutivo gallego un día antes de la protesta que reunió a miles de personas en Pontevedra en favor de la sanidad pública, gratuita y universal. El impacto de la movilización llevó al conselleiro a estudiar los pros y los contras del hospital de Monte Carrasco, al que se opone la plataforma SOS Sanidade Pública y un frente de partidos en la comarca, entre los que se encuentran el BNG, el PSOE o Marea Pontevedra. 

Las declaraciones de Almuíña, en las que abría la puerta a un posible cambio de postura de la Xunta, suponen rebajar la tensión que el Concello y la Consellería de Sanidade arrastran desde 2009 a cuenta del proyecto de Monte Carrasco. Las antiguas responsables de la cartera sanitaria gallega, Pilar Farjas y Rocío Mosquera, rechazaron con dureza la ampliación de Montecelo. Basaban su decisión en aspectos de carácter técnico, que harían inviable la actuación. 

El Gobierno pontevedrés se negó siempre a la nueva ubicación del hospital único "polo seu modelo privado" y, por lo tanto, a asumir los 60 millones de euros que, aseguran, costarían las expropaciones, la urbanización y los servicios que la Xunta le reclamaba para sacar adelante la obra, que sigue en punto muerto. 

A pesar de que el Concello no respaldó Monte Carrasco, lo cierto es que la Xunta tiene plenas facultades para asumir los trabajos gracias al plan de supramunicipalidad que aprobó a finales de 2012. 

245 MILLONES. El futuro centro sanitario, un proyecto "fantasma" para sus detractores, cuenta con uno de sus principales trámites: el plan de viabilidad económico-financiero. Al parecer, el documento -que todavía no es público y que la exconselleira Rocío Mosquera avanzó a este periódico durante un café de redacción- eleva el coste de la infraestructura a 245 millones de euros, 16 millones más que lo previsto inicialmente. Lo que se desconoce es el modelo que la Xunta tenía previsto emplear para gestionar el hospital o si los servicios no clínicos serían asumidos por empresas privadas.

El hospital único de Monte Carrasco preveía 723 camas y más servicios asistenciales que los que contemplaba Montecelo, que no incluía especialidades como la de Radioterapia. 

La infraestructura, que sigue en el aire, contaba ya con una red mejorada de carreteras. Concretamente la PO-542, el vial de O Pino-Bora. La obra, que provocó un gran rechazo vecinal, fue contratada por vía urgente. Se adjudicó por 4,7 millones de euros y acabó costando 6,25 millones de euros. A esta última cantidad hay que sumarle el dinero que se gastó en expropiaciones: 4,25 millones, una cantidad que podría incrementarse por el justiprecio.

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