Los aforados estudian pedir al CGPJ que investigue las ''filtraciones''

Los aforados preimputados e imputados en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía estudian la posibilidad de pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue las "filtraciones" sobre elevación del caso al Supremo, una situación que achacan a la juez Alaya que instruye el caso.

Fuentes próximas a los aforados han informado a EFE de que los afectados, es decir los dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto con los otros siete exconsejeros señalados en la causa, están "preocupados" como consecuencia de la "filtración" y publicación de la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo por el juzgado número 6 de Sevilla.

La consideran una nueva situación de "indefensión y la creación de un ambiente de falsa culpabilidad", por lo que las fuentes han asegurado que están estudiando la posibilidad de solicitar ante el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía que se investigue el origen de las filtraciones.

Los expresidentes y exconsejeros están convencidos de que las filtraciones "no proceden" del Tribunal Supremo, ni pueden venir de las partes, la Fiscalía o los aforados, según las fuentes, que recuerdan que ha sido la propia jueza de instrucción la que ha tomado la decisión de "no notificarles" la exposición razonada en la que, al parecer, se les atribuyen determinados indicios delitos. "La publicación de partes de la citada exposición razonada, sin notificación a las partes por el juzgado, supone una vulneración del derecho de defensa de los afectados", han lamentado las fuentes, que sostiene que esta situación provoca un "daño irreparable" a las personas concernidas y no informadas.

El Tribunal Supremo recibió el martes de la juez Mercedes Alaya la investigación de los ERE que afecta a los aforados en este caso, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que figuran como "preimputados" desde septiembre del 2013.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, después de tres años de investigación, eleva al Supremo la causa por la existencia de un total de nueve aforados: los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Manuel Recio, Antonio Ávila y Francisco Vallejo; y otros dos exconsejeros a los que aún no había notificado su preimputación: Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

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