Los dos concejales de Tui Dorinda Olga Montes y Manuel González imputados por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, fraude ilegal y falsedad en documento mercantil, han declarado hoy en el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, donde han reiterado su inocencia y han denunciado una "maniobra política" del BNG.
Los ediles y los responsables, también imputados, de dos talleres de Tui y Tomiño --el Taller Nemesio, propiedad del marido de la concejala, y el Taller Rías Baixas--, han estado más de dos horas respondiendo "a todo" lo que les han preguntado la juez y el Ministerio Fiscal acerca de las supuestas irregularidades cometidas en la reparación de varios vehículos del parque móvil municipal.
Así, tras su comparecencia han trasladado a los medios de comunicación que mantienen su inocencia, que están tranquilos y que, "mientras no haya nada que lo impida" seguirán "trabajando como hasta ahora". "Ahora hay que dejar que --la Justicia-- trabaje y llegue a sus conclusiones", han destacado.
A pesar de ello, han manifestado que están "muy afectados, desde el punto de vista laboral y personal, por todo lo que está ocurriendo". "Yo estoy tranquilo, porque sé que no hay nada y tengo la conciencia muy tranquila, pero al mismo tiempo hay una familia detrás que lo está pasando mal, que es la que más sufre", ha apostillado González.
Por su parte, Olga Montes se ha mostrado de acuerdo con estas declaraciones y se ha desmarcado de los delitos que se le imputan. "Yo no tengo nada que ver en todo esto, porque el taller es de Nemesio y tengo separación de bienes desde hace 10 años", ha comentado la edila.
Finalmente, los dos concejales, que han aseverado sentirse "arropados" por su grupo político, han señalado que la denuncia del BNG es "una maniobra política" para tratar de "desgastar al equipo de gobierno y al Partido Popular", y han indicado que prevén que, "a medida que se acercan las elecciones, van a haber más".
Denuncia del BNG
Esta investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en julio de 2013 por el grupo municipal del BNG en la Fiscalía, sobre supuestas irregularidades cometidas en la reparación de varios vehículos del parque móvil municipal.
El BNG denunció que el Ayuntamiento había pagado facturas que, en conjunto, superaron los 14.400 euros. En algún caso, el importe pagado por la reparación era superior al valor residual del coche, y en otro, se manda a reparar un coche que había sido tasado para su venta.
Además, en la denuncia, se hace constar que la adjudicación de esas reparaciones --a un taller de Tomiño-- se hizo con el reparo del interventor, que alertó de posibles irregularidades. Así, se avisaba de que se incumplían las bases del presupuesto municipal al superarse los 3.000 euros de gasto, sin hacerse licitación y sin que haya crédito.
