Los imputados en la supuesta retirada irregular de multas podrán hacer reclamaciones por separado

La Fiscalía abrió hoy la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales con cada uno de los imputados en el macroproceso abierto por la supuesta retirada irregular de multas de tráfico en la Jefatura Provincial de Lugo, durante la reunión que mantuvo con los abogados defensores de la mayoría de los acusados.

"Fue una primera toma de contacto entre la Fiscalía y las defensas", explicó el letrado Francisco Fernández Montes, que representa a tres imputados en la causa.

El letrado también aclaró que en la reunión quedó de manifiesto la "práctica imposibilidad de llegar a un acuerdo global", porque "incluso faltaban letrados de la defensa", en concreto cuatro representantes legales de un total de 24 imputados.

Por ello, aclaró Francisco Fernández Montes, "se planteó la posibilidad de hacer algún tipo de acuerdo parcial", con una "conformidad en las penas" por parte de los acusados, que no "impedirá la celebración del juicio", pero "facilitará mucho el desarrollo de la causa".

Precisó, en cualquier caso, que todavía no se llegó a ningún tipo de acuerdo entre las partes, dado que en la reunión de hoy sólo "se abrió esa posibilidad".

A partir de ahora, "individualmente, cada uno de los letrados" tendrá que intentar la "negociación" con la Fiscalía para buscar "un acuerdo" previo a la celebración del juicio.

"En principio las conversaciones son abiertas a todo el mundo, pero hay gente que dice que no quiere ningún tipo de acuerdo. Creo que la mayoría de la gente sí está interesada en valorar la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, aunque habrá otra que ya no vendrá ni a hablar con la Fiscalía", precisó.

Según su criterio, "a alguna gente puede interesarle una rebaja en la pena, aceptando unas condiciones que luego le facilitarían mucho a la Administración de Justicia" el desarrollo de la causa.

Para iniciar esa negociación, dijo Fernández Montes, los abogados que representan a los imputados con las penas altas ya hablaron hoy con la Fiscalía para fijar la fecha de la siguiente reunión, mientras que los demás acusados irán pasando "sucesivamente", porque "en principio no hay ningún plazo".

En la lista de imputados por este caso, formada por un total de 24 personas, figura el exsubdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, que presentó su dimisión a raíz de su implicación en este caso, para quien el fiscal pide siete años de cárcel por los delitos de falsedad documental, prevaricación o tráfico de influencias.

Otro de los imputados es el ex jefe provincial de Tráfico, Julio González, para quien piden cuatro años y nueve meses de prisión por prevaricación y falsedad documental.

También figuran otros políticos que supuestamente pidieron la retirada de multas de tráfico, como los alcaldes de Muras, Isaam Algnam (PP); el de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo (PSdeG-PSOE); o el exregidor local de Meira y concejal socialista Antonio de Dios, entre otros cargos públicos.

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