Los letrados que representaron en el juicio por la operación Campeón al ex diputado del Partido Popular, Pablo Cobián, y al que fuera director xeral del IGAPE, Joaquín Varela, insistieron este jueves en las conclusiones de la vista oral, a pesar de que sus clientes ya habían alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, en que ninguno de ellos tenía intención de delinquir con sus actos.
Ulises Bértolo, que ha representado en este proceso a Pablo Cobián, recordó que, a pesar de la acusación inicial del ministerio fiscal, quedó demostrado que por parte de su cliente no hubo ningún delito "de fraude en subvenciones", ni tampoco de "cohecho", porque no se ha apreciado en su comportamiento "indicio de contraprestación económica".
Aunque el ministerio fiscal expuso en sus conclusiones que Cobián era el intermediario de los cerebros del fraude para llegar a Joaquín Varela, Bértolo precisó que su cliente solo hizo "gestiones políticas", que en algún momento "pudieron ser excesivas".
De hecho, aunque existía un contrato de patrocinio de las empresas de Dorribo a su hijo para que participase en competiciones deportivas, insistió en que "era previo y legal" a los hechos juzgados.
Por su parte, el letrado Antonio Platas, que llevó la defensa de Joaquín Varela, afirmó que este juicio cierra "un largo camino", después de una operación "espectacular" y "excesiva", con "muchos errores" por parte de Vigilancia Aduanera "por desconocimiento de la normativa".
Durante su alegato, insistió en que no hubo parte de Varela "ningún favor especial" hacia los demás investigados en la trama y, de hecho, volvió a decir que "no conocía las irregularidades" supuestamente perpetradas para hacerse con una ayuda millonaria del Igape y un crédito subvencionado.
Insistió en que "no pidió ninguna alteración de valores", sino que impuso las "mayores exigencias" e intentó que los trámites se "hiciesen bien".
Según su abogado, la función del director del Igape "es la promoción económica" y, en este caso, "se creyó en un proyecto y se apostó por él".
"Aceptamos esa extralimitación, ese exceso, pero queremos expresarlo en su justa medida", precisó.
El ex director general Joaquín Varela y el que fuera subdirector de Información Especializada del Igape, Carlos Silva, han liquidado su responsabilidad penal por sendos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios con una multa económica -de 2.160 euros cada uno- y la suspensión de empleo y sueldo durante un año.
El ex diputado del Partido Popular Pablo Cobián aceptó una pena de ocho meses de prisión y una multa de 45.135 euros, además de un período de inhabilitación de dos años y tres meses para cargo público, por un delito de tráfico de influencias.
Los letrados de Varela y Cobián aducen que sus clientes no querían delinquir
